Las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos cometidas durante la guerra sucia y sus familiares deben ser los principales actores con los que debe trabajar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. Si eso no se logra, este mecanismo “no tiene sentido”, aseveró Eugenia Allier Montaño, doctora en historia y civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. “Tenemos una deuda fundamental” con ellos, afirmó.
En entrevista, a propósito de su nombramiento como integrante de dicha comisión, creada el 6 de octubre pasado, destacó que lo sucedido entre 1965 y 1990 “no sólo fue una herida para las víctimas, sino también para la sociedad. Desafortunadamente, es un tema que ha quedo en cierto sentido marginado frente a otros”.
Allier Montaño, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en estudios sobre memorias en América Latina de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante regímenes dictatoriales y autoritarios, el movimiento estudiantil de 1968 mexicano y el desarrollo de las violencias de Estado.
Al referirse a la relevancia que tendrán los trabajos de esta comisión, destacó que “estamos frente a una oportunidad muy importante y valiosa para visibilizar lo que ocurrió en el pasado, antes que nada por las víctimas y sus familiares, porque han vivido a veces con el peso de la desaparición forzada, cuestiones legales, económicas, emocionales y sicológicas. Pero también para la sociedad entera, porque estoy convencida de que al menos una de las múltiples causas de por qué hoy vivimos la violencia que tenemos en México es esta marginación de lo que se vivió en el pasado”.
Recordó que en el país se construyó “una historia mítica en cierto sentido en la cual se decía que después de la Revolución se había vivido en la paz priísta desde los años 40 hasta 2000. Una paz que aparentemente había hecho que el país creciera económica y socialmente, que la gente pudiera desarrollarse, pero lo cierto es que había atrás muchas cosas que no se veían”.
En realidad, continuó, desde finales de los años 50 “tuvimos una gran movilización social y política”, con los movimientos ferrocarrilero, magisterial y estudiantil, y surgieron los armados, entre otros. Frente a estos distintos opositores “el régimen reaccionó. En un principio trataba o intentó cooptarlos, y cuando no lo lograba, ponía en marcha estos mecanismos de violencia de Estado”.
–¿Es posible esclarecer los hechos 30 o 40 años después y lograr justicia?
–Los historiadores trabajan con pasados muy lejanos, normalmente 100 años o más, y siguen encontrando nuevas cuestiones respecto a lo que ocurrió. Creo que con mayor razón (es posible) cuando este pasado no es tan lejano y, por supuesto, pueden estar ahí las fuentes.
Destacó que para ello será relevante tener acceso a nuevos archivos, entre ellos los del entonces Estado Mayor Presidencial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como recabar testimonios.
Allier explica que su aceptación para incorporarse a esta instancia parte de la confianza en que existe voluntad gubernamental para reconocer y hacer frente a las violaciones graves que se cometieron, “porque si no la hay, no lograremos avanzar. Esto sólo lo vamos a hacer en la medida en que efectivamente haya y pueda haber negociación con distintos sectores de la sociedad”, e hizo extensiva su confianza en que el Ejército coadyuvará, aunque en otras ocasiones se ha mostrado reacio a hacerlo.
