Los alcances de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidos entre 1965 y 1990 no dependerá sólo de su de-sempeño; históricamente en América Latina los logros de estos mecanismos vinieron de la movilización social, considera Aleida García, integrante de dicha comisión.
En Uruguay sus trabajos no tuvieron mucha repercusión judicial pero la integración de una narrativa sobre los excesos del pasado permea hasta ahora para evitar su repetición.
En entrevista, la académica de la Universidad Pedagógica de Chihuahua es enfática en tocar a personajes claves de esa política de represión, in-cluido el ex mandatario Luis Echeve-rría, porque “el procesamiento de fun-cionarios de la alta jerarquía, léase ex presidentes, ministros, secretarios de Estado requiere de un respaldo social mayúsculo, no es un acto de voluntad. Es pertinente poner límites a las expectativas: se documentará el involucramiento de Echeverría, sí, pero el procesamiento judicial no es facultad de la comisión”.
Sin embargo, acota: “siempre voy a defender la judicialización de personas responsables, cualquiera que haya sido su rango, conviene pensar mas allá, en la creación de estas comisiones para desnaturalizar la violencia del Estado. No lo pienso como un olvido, un borrón y cuenta nueva. Sólo que además de la judicialización de los casos se piense en la desnaturalización de la violencia del Estado. Eso es crear condiciones para la no repetición en el presente y el futuro”.
En esta lógica, la experta considera que hay una conexión entre las desapariciones por motivos políticos del pasado, con las que prevalecen en la actualidad y en este contexto, la demanda de justicia para las víctimas de la guerra sucia se potencialice con los reclamos de las víctimas del presente. Es decir, comenzar a ver las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, desde una ventana que permita una visión más amplia que tiene que ver con el reconocimiento de la duración de las violencias del Estado a la fecha.
“Es necesario reivindicar la dignidad de las víctimas, todas y cada una. Ese acto, si lo leemos desde el presente, puede ser muy potente, articulado con los familiares de las víctimas no organizadas de personas desaparecidas en el presente. Eso va a ser fundamental.”
En todos los países que enfrentaron conflictos internos o represiones políticas, las comisiones de la verdad o instancias similares han tenido diferentes alternativas para procesar sus consecuencias y emprender acciones para alcanzar la memoria, verdad, justicia, medidas de no repetición y la reparación del daño. En México, un aspecto clave para lograrlo es que esta comisión está creada en la lógica de acceder a los archivos militares e ingresar a instalaciones castrenses donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.
A diferencia de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es que a la fecha hay muchas más investigaciones académicas y de los colectivos de víctimas, pero el alcance de la revisión de los hechos del pasado pretende conformar un relato incorporando las acciones en que estuvo involucrado en Ejército, lo “cual será esencial para que sea mas comprensible”, afirma García.
En este caso, admite que de los trabajos de la comisión se podrán desprender elementos para que la Fiscalía General de la República emprenda acciones penales; “sobre todo si la fiscalía enfrenta presiones sociales, es mucho más factible”.
