Mexicali, BC. La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y los integrantes de su gabinete firmaron el Acuerdo por la Transparencia y contra la Corrupción Gubernamental.

En el campo Alaska, ubicado en el poblado de La Rumorosa, se reunieron los miembros del gabinete del segundo gobierno de Morena en Baja California que entrará en funciones el 1 de noviembre.

Ávila Olmeda dijo que el combate a la corrupción es uno de los principales postulados de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo de una nación, por lo que con servidores públicos honestos se pueden sacar adelante los proyectos que necesitan la población.

Agregó que es precisamente por esa honestidad que el pueblo de Baja California confío en ella otorgándole la victoria electoral en las urnas el 6 de junio, por lo que resulta fundamental erradicar cualquier práctica corrupta para avanzar en la construcción de una sociedad más justa.

“Hoy instauramos una nueva era. Se espera lo mejor y que se respeten los preceptos de No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo”, dijo al tiempo de advertir que no se tolerará la corrupción de ninguno de los servidores públicos.

La gobernadora electa anunció que impulsará el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y se vigilará el uso adecuado de todos los recursos de la administración pública estatal para que se apliquen de manera directa en beneficio de los bajacalifornianos e impulsar el desarrollo de quienes más lo necesitan.

El Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra paralizado desde abril de 2020 e incluso la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Jaime Bonilla suspendió de sus cargos a cinco consejeros ciudadanos, al secretario técnico y a la directora de Administración de la Secretaría Ejecutiva para evitar que se investigará el asunto de Los Moches.

El Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno de Baja California la restitución del secretario Ejecutivo Luis Irineo Romero y de Jorge Topete, uno de los cinco consejeros suspendidos. Otras cuatro amparos se encuentran en proceso de resolución.

El primer gobierno, encabezado por Jaime Bonilla, estuvo marcado por actos de corrupción ya que quienes integrarían el gabinete recibieron "moches" a cambio de la promesa de contratos de servicios del gobierno entrante.

En el asunto de "Los Moches" la Secretaría de la Honestidad y la Funcion Pública implicó al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a la secretaria del Bienestar, Cinthya García, y al oficial Mayor, Jesús Núñez, pero no hubo consecuencias administrativas.

La denuncia presentada por Rosendo Colorado, un funcionario del Bienestar, encargado de contactar a empresarios para recolectar fondos para el gobierno de Bonilla a cambio de otorgar contratos gubernamentales, se quedó en un expediente abierto, sin llegar a convertirse en algún pin procedimiento administrativo sancionatorio.

La Fiscalía General del Estado dictó la no acción penal al justificar que se carecian de pruebas que vincularan un ilícito con los supuestos implicados.

El delegado federal del Bienestar, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dio a conocer que en el punto de revisión militar de El Centinela, en la carretera Mexicali-Tijuana, los soldados detectaron y detuvieron a un empleado de la Secretaría estatal del Bienestar con dinero en efectivo, producto de Los Moches.

Por una llamada telefónica, presuntamente de Rodríguez Lozano, se le dio "la cortesía" y fue liberado.

En lugar de presentar una denuncia con base en la Ley de Servidores Públicos, Ruiz Uribe informó al gobernador Bonilla.

Cinthya Gisel García y Jesús Núñez presentaron su renuncia al gabinete de Bonilla Valdez. Al año, el ex oficial Mayor fue contratado como Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, una dependencia directa del gobernador.