La noche del 3 de mayo, una trabe del viaducto elevado de la línea 12 del Metro colapsó junto con dos vagones, lo que provocó la muerte de 26 personas y 98 heridos. Por lo que se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Foto Alfredo Domínguez
El despacho del abogado Gabriel Regino García, representa a 15 personas implicadas en el accidente de la línea dorada. Foto Cuartoscuro
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado.
El Ministerio Público (MP) judicializó, sin detenido, la carpeta de investigación iniciada a raíz de ese hecho, en el que murieron 26 personas y 98 resultaron lesionadas, pero no solicitó órdenes de aprehensión.
Las personas físicas involucradas –tanto particulares como ex servidores públicos–, así como las morales –éstas por conducto de sus representaciones legales–, fueron citadas a comparecer ante un juez de control el 25 de octubre a las 10:30 horas.
Tanto los involucrados, cuyos nombres no dio a conocer la dependencia –aunque entre ellos se encuentra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, órgano desconcentrado encargado de la construcción de la llamada línea dorada, informó su abogado, Gabriel Regino–, como sus defensas, dijo, podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citados a comparecer en calidad de imputados.
La FGJ destacó que ha realizado una investigación robusta, transparente, apegada a la ley y basada en evidencias, por lo que se ha allegado de peritajes sólidos, científicos y profesionales realizados por expertos en diferentes materias.
De acuerdo con el resultado del peritaje, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos.
La dependencia precisó que ha respetado el derecho de cada persona a una legítima defensa y ha conducido la investigación con estricto apego al debido proceso, y “de ninguna manera obedece a consignas políticas, ni busca la fabricación o protección de culpables”.
Al respecto, especialistas explicaron que la clasificación de culposo de los delitos que se les imputan es una atenuante que permitirá a los ex servidores públicos y particulares involucrados llegar a un acuerdo reparatorio, “sin ni siquiera pisar la cárcel o llegar ante un juez de control”.
Se trata, argumentaron, de un delito no grave, por lo que “no tendrían que pagar siquiera una fianza para continuar con el proceso en libertad y, en caso de llegar ante un juez, les podrían imponer la medida cautelar de firma periódica”.
La dependencia ha impulsado la vía de un acuerdo reparatorio con las empresas y ahora lo hará con las personas físicas, cuando “las primeras sí tuvieron una responsabilidad en los hechos”, consideraron.
Bertha Teresa Ramírez
El despacho Regino Abogados Penalistas, junto con el Colectivo por la Seguridad del Metro, interpondrán una denuncia penal en contra del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y los ex servidores públicos Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Jiménez Almaraz, quienes se desempeñaron como directores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante su gestión, informó el abogado Gabriel Regino García.
En conferencia de prensa, señaló que cinco de sus 15 representados, cuyas carpetas de investigación ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de Justicia local, entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fue director del Proyecto Metro, encargado de construir la línea 12, “darán la cara y se presentarán en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia el 25 de octubre, porque son inocentes”.
La denuncia contra Mancera y los ex directores del STC, el 20 de octubre, se hará porque “fue durante su administración cuando se sobrecargó la vía elevada”, a pesar de que en 2017 “el despacho Colinas del Buen notificó al gobierno de Mancera del grave riesgo que se estaba presentando con esa sobrecarga en la trabe que colapsó”.
Sobre la alerta que les hizo Colinas del Buen, “que incluso les sugirió reforzar una parte de las columnas 12 y 13 de esa trabe y no lo hicieron… los que tienen que contestar son esos funcionarios, a los que extrañamente la fiscalía capitalina no ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, cuestionó el abogado.
Igualmente, indicó, interpondrán otra denuncia contra la ex directora del Metro Florencia Serranía y el secretario de Obras y Servicios (Jesús Esteva Medina), debido a que la empresa DNV que contrató el gobierno local nos dio a conocer que en diciembre de 2019, la Secretaría de Obras contrató un dron para filmar la trabe –sostenida por las columnas 12 y 13– que colapsó, y desde entonces advirtieron la separación de vigas. ¿Hicieron algo? No hicieron nada”.
Al rechazar las conclusiones de la FGJ “sobre las causas del desplome y la tragedia de la línea 12, porque son manipuladas y a conveniencia”, señaló que a diferencia del gobierno local, “que contrató a una empresa experta en alimentos orgánicos y plataformas marinas”, el despacho que encabeza contrató a ESi, “certificada internacionalmente en investigación forense de destrucciones, incendios, colapso de vialidades o puentes, que es una de las más consultadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para averiguar todo sobre este tipo de accidentes”.
Una de las conclusiones de ESi “alude a la posible ausencia del número necesario de pernos nelson, pero no la toma como la determinante; menciona el análisis de la sobrecarga en la estructura”.
Apuntó que todo esto lo agregarán a la queja que ya presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cuestionó que se dé trato privilegiado a la empresa constructora de la línea 12 y que la FGJ “no vaya a proceder contra ésta y llegar a un acuerdo preparatorio no solamente para la reconstrucción material del tramo colapsado, sino con el pago de las víctimas, aunque la propia empresa, que públicamente ha aceptado reparar la línea sin costo, se ha declarado no responsable de los hechos”.
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