El 27 de noviembre de 2009, la vida de Mariano Abarca terminó, luego de ser asesinado a las puertas de su restaurante en Chicomuselo, Chiapas. Con ello concluía su lucha en contra de la mina de barita de la empresa canadiense Blackfire, que provocó protestas en la comunidad. A casi 12 años, la Corte Suprema de Canadá programa una audiencia para el 8 de noviembre auspiciada por su hijo José Luis y organizaciones ambientalistas, para revisar el apego a la legislación de la “diplomacia económica” ejercida por la embajada en México.
Durante un seminario para analizar el caso Abarca y el comportamiento de las embajadas canadienses en la región, favorables a los intereses de las empresas mineras de ese país, Charis Kamphuis, integrante del proyecto de justicia de responsabilidad corporativa de la Universidad Charlotte Connoly, reconoció que la “diplomacia canadiense” suele no apegarse a los parámetros legales y éticos en la región.
Si se revisa su actuación de presiones y gestiones “diplomáticas” en la región a favor de las mineras canadienses, sobresale el caso de la minera Goldcorp en Guatemala; en su presión hacia funcionarios de gobierno, la embajada hizo a un lado incluso recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la empresa atendiera los reclamos de las comunidades en contra de los efectos ambientales de la operación minera.
Al detallar el caso en Chicomuselo, José Luis Abarca mencionó las gestiones que hizo su padre ante la misión diplomática canadiense para que atendieran la oposición de la comunidad. Lejos de revisarlo, se incrementaron las presiones a su padre y los funcionarios del gobierno de Chiapas para mantenerla en operación, tres semanas después de la reunión en la embajada, Mariano fue asesinado en Chicomuselo.
No se trata de acusar a la embajada de estar coludida en el asesinato, sino que se revisen posibles irregularidades en las gestiones que realizó la misión y determinar su apego legal, porque su participación contribuyó a generar un clima adverso en el que se perpetró el asesinato de Mariano, dijo su hijo.
A nombre de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Miguel Mijangos, de Guerrero, dijo que el caso de Mariano se inserta en una estrategia en la que desde la embajada de Canadá se genera “un mito” de la responsabilidad social de las mineras canadienses y su compromiso con el medio ambiente, pero en realidad se desatienden los reclamos de las comunidades. Se opta, eventualmente, por el pago de los daños provocados, pero el reclamo social es prevenir la afectación ambiental que impacta en la vida de las comunidades.
