Guadalajara, Jal. Miembros del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA) han sido amenazados de muerte por autoridades del anterior y actual comisariado ejidal de esa localidad, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el sur de Jalisco, según informó el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), Oscar González Gari.

“Tengo encima una amenaza de muerte del comisariado anterior que está coludido por los intereses mineros con el actual comisariado para eliminarme mediante una ‘visitadita’ que han anunciado me harán a Guadalajara. Las amenazas, antes de a mí persona, le cayeron a los tres integrantes del CAANTA: Santiago Flores Ciprián (presidente), Espiridión González (secretario) y Fermín Flores Elías (vicepresidente), fraguadas en la Casa Ejidal”, dijo González Gari.

Los intereses mineros a que se refirió son de Peña Colorada, del consorcio italo-indio Ternium y ArcelorMittal, la mina más grande productora de hierro en el país y que se encuentra asentada en los límites entre Jalisco y Colima —aporta el 30 por ciento de los minerales que utiliza la siderurgia nacional— y que, luego de muchos años de disputa territorial por parte de los ejidatarios nahuas de Ayotitlán, llegó a un acuerdo con ellos y les entrega cada año 17 millones de pesos por la ocupación de parte de sus tierras.

González Gari dijo que las amenazas provienen de forma directa de Juan Aguilar Díaz y el abogado Leonel Corona Rosales, el primero ex comisario ejidal y el segundo representante legal del ejido en esa administración debido a “mi participación a través de la RJDH en el proceso de restauración de la ancestral comunidad indígena de Ayotitlán.

“En forma ordenada, pacífica y consensuada, a partir de octubre de 2016 el CAANTA ha pugnado por restaurar su comunidad indígena ancestral sin debatir con las autoridades ejidales que, por estar vinculadas al consorcio minero Peña Colorada se niegan al diálogo y tiene las manos amarradas para apoyar a la mayoría de los comuneros y una parte de ejidatarios nahuas partidarios de la reconstrucción comunitaria, agraria, ambiental y territorial”, agregó.

A pesar de que hay litigios encabezados por las actuales autoridades ejidales para recuperar parte de su territorio que tienen décadas reclamando, González Gari dijo que al comisariado sólo le interesa pelear “por repartirse los 17 millones de pesos” que entrega Peña Colorada “como producto de leoninos Contratos de Ocupación Temporal (el último es de 801 hectáreas en la cuenca del río Marabasco) sin consultar a los comuneros” de las diversas localidades asentadas en el ejido.