Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación se comprometió a establecer, en coordinación con el gobierno de Oaxaca, la ruta para la consolidación de un acuerdo de paz entre las comunidades de San Sebastián Nopalera, Santa Lucía Monteverde y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, las cuales viven una disputa territorial y social.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó mesas de trabajo para dar seguimiento y cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pobladores de Zimatlán y Santo Domingo Ixcatlán.

El funcionario estuvo acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, durante la realización de las mesas, en las cuales participaron autoridades federales y locales, así como representantes de los poblados.

En la primera mesa se dio a conocer el informe de la comisión de mediación sobre la atención que se ha dado al conflicto territorial y social entre las comunidades de San Sebastián Nopalera, Santa Lucía Monteverde y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Dicha comisión abordó “los avances que se han generado a partir del diálogo y entendimiento de las comunidades. Se solicitó a los gobiernos federal y local, fortalecer estos esfuerzos mediante una ruta de acción a partir del entendimiento, que priorice la paz y el bienestar de las comunidades”.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación asumió el compromiso para que se establezca la ruta para la consolidación de un acuerdo de paz.

Por lo que hace a la segunda mesa donde se abordó el tema de Santo Domingo Ixcatlán, en donde fueron asesinados varios pobladores a consecuencia de un conflicto agrario, los presentes se comprometieron a generar acciones puntuales para que los hechos que pudieran constituir delitos en agravio de la población beneficiaria de las medidas cautelares, se investiguen.

La Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el gobierno local acordaron coordinarse para solventar posibles irregularidades en materia agraria, particularmente en agravio a mil 13 comuneros, incluyendo a 22 personas que son beneficiarias de la citada medida cautelar.