Hay guerras que se pueden perder en pequeñas batallas. Eso es lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); hasta hace unos días, cuando se recobró la cordura y se tomaron decisiones en el borde de la ruptura, pero que eran necesarias para dotar de viabilidad a una institución que es indispensable para la democracia mexicana.
Así, hay que ver la rebelión de una magistrada y de cuatro de sus pares para poner fin a una presidencia que se excedió en el maltrato y en la ruptura de las formalidades que en teoría deberían imperar en el Poder Judicial.
En los últimos años, el Tribunal Electoral vivió tiempos oscuros, con un ambiente que se degradó hasta situaciones intolerables y que se reflejaron en las propias sesiones de la Sala Superior.
Pero tampoco nos engañemos, con la excepción de Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, los otros cuatro integrantes de la sala jugaron a cartas marcadas y envenenaron a la propia institución a cambio de espacios y componendas.
¿Cómo explicar que la Sala Superior haya tenido cuatro presidencias desde 2016 y que la mayoría lo hayan sido por periodos cortos, envueltos en problemas y escándalos?
Hay que recordar que, en teoría, esa posición, de enorme poder administrativo y de representación, se elige para periodos de cuatro años.
La actual integración de magistrados y magistradas es disfuncional. Nunca acabaron de acoplarse al trabajo, muchas veces extenuante, de la colegialidad.
La disputa por los espacios y el poder ha caracterizado a la vida interna de esa institución. No es que espante, pero se llegó a niveles inauditos y se extravió, hace mucho, la mesura y el decoro.
Perdieron la brújula y se dejaron llevar por la idea de que todo pasaría tarde o temprano, que las embestidas internas y externas contra la institución cesarían por arte de magia. Por supuesto, no fue así, y ahora están en una coyuntura complicada, con pocos argumentos para la sobrevivencia.
La política, decía Indalecio Prieto, no es de quimeras, sino de realidades, y fue en esa rendija en la que actuaron los integrantes de la Sala Superior para remover al magistrado presidente y proceder a establecer un relevo con la capacidad para conducir al Tribunal Electoral en los próximos años.
Ésa es la tarea encomendada al magistrado Reyes Rodríguez, un juez constitucional riguroso y a la vez innovador. Para conocerlo a cabalidad, hay que adentrarse en sus sentencias y en sus votos particulares, en los que muestra una trayectoria y un compromiso claro con el galantismo, así como con las posibilidades del fortalecimiento democrático.
Ahora, en el momento del pleito mediático, se le achaca su pasado, su trabajo en la oficina particular del presidente Felipe Calderón en tareas de asesoría. Es absurdo calificarlo por ello, ya que todos los magistrados provienen de una trayectoria específica.
En ese aspecto, habría que detenerse en dos asuntos importantes: ¿hizo bien su trabajo en el servicio público? ¿Su experiencia estorba para el trabajo que ahora desempeña? Es evidente que la biografía de Reyes Rodríguez es acorde con las necesidades y formación que requiere un juez constitucional, porque además fungió como magistrado de una sala regional antes de ocupar su posición actual.
Reyes Rodríguez, además, suele trabajar en la más estricta tradición de los juzgadores, estudiando los casos a profundidad, escuchando a las partes, pero tomando la distancia necesaria para establecer la estructura y el sentido de sus votos. Se equivocaría –y gravemente– quien piense que recibe consignas o instrucciones.
En todo caso, a Reyes Rodríguez se debería medirlo por el tamaño de la responsabilidad que le otorgaron sus pares y que respaldó el propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al dejar muy claro que el Tribunal Electoral goza de la independencia para tomar las decisiones que convengan y fortalezcan su mandato.
* Periodista
Twitter: @jandradej
