Mexicali, BC., Legisladores de Baja California presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Reglamenta el Uso del Agua para el estado, promovida por el mandatario morenista Jaime Bonilla, mediante la cual se municipaliza el servicio de los organismos operadores y abre la puerta a la privatización del suministro y el cobro.
La también morenista y gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, precisó que revisarán la reforma, pues hay municipios en la entidad que no tienen agua, por lo cual se requiere un planteamiento integral, con estudios técnicos, financieros y jurídicos.
La finalidad de la acción de inconstitucionalidad es dejar sin efecto una ley que se presentó sin estudios de la Auditoría Superior del Estado y sin acuerdos con los cinco cabildos de la entidad.
Se dio a conocer que la iniciativa fue aprobada a cuatro días de que termine la 23 Legislatura, con mayoría morenista y publicada el 29 de julio, un día después, en el Periódico del Estado.
Además, un día antes de que concluyera su gestión, los 11 congresistas que votaron en contra, incluido un grupo de Morena identificado Ávila Olmeda, presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN con la confianza de que obtendrán una resolución positiva, ya que se violentaron el artículo 115 constitucional y los procedimientos parlamentarios.
Esperan anular decreto
Los asambleístas inconformes argumentaron que, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de Baja California, debieron ser citados los ayuntamientos con cinco días de anticipación para participar en la Comisión de Recursos Hidráulicos; además, tampoco se ajustaron los tiempos de la convocatoria de la comisión parlamentaria y se aprobó la iniciativa sin que hubiera quórum.
El 30 de julio, la administración de Bonilla inició en Mexicali el proceso de transferencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, órgano encargado del servicio de agua potable.
La gobernadora electa se inconformó con este albazo legislativo, pues nunca se trató en el proceso de transición y confió en que el decreto se revertirá. “Se va a seguir cobrando lo que es, no más ni menos”, adelantó.
