La conferencia de prensa matutina de ayer fue escenario de anuncios importantes para la salud pública. En primera instancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario del ramo, Jorge Alcocer Varela, presentaron el nuevo sistema de compra de medicamentos, con el cual se busca quebrar el “sistema de corrupción” establecido en los sexenios pasados, un esquema lesivo para la nación, que obligaba a las autoridades a adquirir los fármacos a un puñado de intermediarios que abusaron de su posición de poder para inflar los precios.
En este sentido, el secretario Alcocer destacó que con el nuevo modelo se resuelven los problemas de abasto y se genera un ahorro de 18 mil 900 millones de pesos al erario, noticias sin duda positivas por lo que significan para las arcas públicas y la salud de los mexicanos y a fin de disipar los malestares existentes en torno a la provisión de medicamentos, ya sean reales, exagerados o inventados. Entre estos últimos, se encuentran absurdos como el de que hay 20 millones de vacunas “perdidas” por la obvia diferencia entre las que han llegado a México y las que se han aplicado.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo varias precisiones en torno al momento epidemiológico que vive el país. En particular, fue objeto de atención mediática y social el aviso de que el color rojo del semáforo de riesgos ya no implicará cierres absolutos de las actividades en ningún orden y, sobre todo, en la educación. Para entender las modificaciones al semáforo, debe considerarse que en el momento actual confluyen tres realidades: el acelerado aumento en los casos de contagio de Covid-19; el agotamiento emocional, económico e incluso físico de los ciudadanos ante el confinamiento, y los avances en la campaña nacional de vacunación, que han reducido el impacto de la enfermedad, impidiendo que la tasa de infección se traduzca en incremento del número de hospitalizaciones o muertes, como los observados durante la segunda ola en enero pasado. Así lo ejemplifica el hecho de que 97 por ciento de las personas hospitalizadas en la actualidad a causa del coronavirus no están vacunadas, y como la mayoría de quienes no han recibido la inoculación son jóvenes, presentan un riesgo mucho menor de desarrollar un cuadro patológico grave.
Con todo, el que los efectos más severos de la pandemia se encuentren bajo control no significa que la emergencia sanitaria haya terminado ni que puedan ignorarse las medidas preventivas elementales, como el lavado frecuente de manos, el uso de productos desinfectantes, el mantenimiento de la sana distancia, el empleo de cubrebocas, las restricciones voluntarias a la movilidad para limitarla a lo necesario y la realización de pruebas de antígenos en caso de presentar síntomas o de haber estado en contacto con una persona enferma.
Cabe esperar que con la observancia de estas precauciones y los continuos adelantos en el plan de vacunación, el país logre sortear la nueva etapa de la pandemia con los menores costos humanos y financieros posibles.
Para ello será necesario fomentar la confianza informada en las inmunizaciones disponibles y exhortar a los más jóvenes a acudir a recibir la inyección cuando les toque su turno, que ya comenzó para los mayores de 18 años en las zonas fronterizas con Estados Unidos y que a inicios de agosto podría alcanzar a este grupo de edad en la Ciudad de México.
