Ciudad de México. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al canciller, Marcelo Ebrard de presunta responsabilidad por difundir propaganda gubernamental al dar a conocer la respuesta que envió a The Economist para rebatir los cuestionamientos que esta publicación hizo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales y los de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Por una mayoría de dos votos a uno, se determinó que aun cuando Ebrard hizo una defensa de las políticas de López Obrador en la misiva, en su difusión no tuvo como objetivo promover las políticas públicas del gobierno federal ni difundir los logros de gobierno con fines de ganar adhesiones en plena campaña electoral. Para los magistrados Rubén Lara y Luis Espíndola la pretensión era exclusivamente fijar un posicionamiento frente a la publicación que, en ejercicio de su libertad de expresión, realizó The Economist.

Solamente la magistrada Gabriel Villafuerte consideró que el canciller había transgredido las restricciones constitucionales en materia de promoción gubernamental en tiempos electorales. Si bien juzgó que la misiva al diario se realizó correctamente para aclarar las críticas que recibió López Obrador de la publicación, al difundirla en redes sociales oficiales y personales se transgredió la ley y se convirtió en propaganda.

Destacó que en el contenido de esa carta se defiende la política social, las acciones para combatir la pobreza, las estrategias frente a la pandemia de Covid-19, las proyecciones de recuperación económica, entre otras. Consideró razonables posicionamientos frente a la publicación, por lo que la trasgresión legal fue haber utilizado recursos públicos para su difusión. Su postura no tuvo eco entre los magistrados, por lo que se eximió a Ebrard de responsabilidad.

Por otro lado, la Sala Especializada impuso una multa al Partido Encuentro Solidario por la difusión de espots, en radio y televisión y sus redes sociales en el que se condena a las mujeres que acuden al aborto y se cuestiona esta práctica. Para los magistrados, esta postura estigmatiza a la mujer y criminaliza esta práctica olvidando que hay excepciones legales en la Constitución y que en algunas entidades está legalmente permitida.