Como consecuencia de las más de cuatro décadas de políticas neoliberales en México, en la actualidad sólo 30 por ciento de adultos mayores tienen derecho a una pensión, y de ese total, sólo unos pocos lograron un fondo digno, por lo que los recursos de los programas sociales para este segmento son “importantísimos”.
Así lo afirmó Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la UNAM, quien destacó la trascendencia de dichos apoyos para reactivar el mercado interno y defendió que se hayan elevado al rango de derecho constitucional.
La investigadora enfatizó que la precariedad en la que viven millones de ancianos inició con el fin del modelo económico de sustitución de importaciones y la llegada del neoliberalismo, a finales de los 70.
Aun cuando la esperanza de vida comenzó a aumentar de forma importante, el gobierno del país empezó a “retraer” los sistemas de seguridad social, en vez de fortalecerlos, al tiempo que se elevó la tercerización del trabajo u outsourcing, lo que llevó a esta generación de trabajadores a una “absoluta desprotección” de sus derechos básicos.
Como resultado de dicha “contracción del Estado”, hoy en día sólo 30 por ciento de adultos mayores cuenta con una pensión, la mayoría de los cuales son hombres, pues al analizar de forma desagregada la situación de las mujeres, únicamente 7 por ciento de ellas lograron acceder al beneficio, subrayó Montes de Oca.
En ese contexto, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM recordó que los programas de transferencias condicionadas de recursos a esta población han existido desde gobiernos anteriores para “disminuir la tensión brutal” causada por la pobreza, al tiempo que destacó la importancia de que hoy estos esquemas ya estén reconocidos como un derecho constitucional.
