La ciudadanía conoció ayer el informe preliminar elaborado por la empresa noruega DNV para esclarecer las causas del accidente que el 3 de mayo pasado dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 100 heridas en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro.
De acuerdo con este peritaje, el desplome de una trabe se debió a “una falla estructural asociada a cuando menos seis deficiencias en el proceso constructivo”: desperfectos en el proceso de soldadura de pernos, uso de diferentes tipos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, así como anomalías en la supervisión y control dimensional de las mismas.
Dicho reporte da cuenta de la primera de tres fases de investigación, en la segunda de las cuales se indagarán las causas inmediatas del colapso de la trabe, mientras la tercera detectará fallas de raíz a fin de evitar que se repita un siniestro como éste. En tanto, el secretario de Obras y Servicios capitalino, Jesús Esteva, explicó que DNV también analiza “información complementaria, relacionada con posibles reparaciones y rehabilitaciones realizadas posteriormente a la construcción, así como la del impacto de la operación cotidiana sobre la estructura”.
Es inevitable que esta primera fase del dictamen técnico despierte una duda entre usuarios del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, así como en la sociedad en general: la de si las fallas encontradas corresponden a errores aislados cometidos en esa sección de la obra o si las mismas se repiten en el resto de la estructura. Tal interrogante podría comenzar a despejarse hoy con la presentación del estudio que el Colegio de Ingenieros Civiles realizó en los tramos elevado y subterráneo de la línea 12, y la respuesta que se dé será fundamental para determinar las acciones que garanticen la no repetición de la tragedia, imperativo que constituye, a fin de cuentas, el sentido primero de todas las investigaciones emprendidas.
Otra pregunta abierta por el informe preliminar gira en torno a si las deficiencias estructurales pudieron –y debieron– detectarse en el transcurso de las inspecciones encargadas cuando el anterior gobierno capitalino ordenó el cierre del tramo elevado por casi dos años para corregir lo que calificó de “una serie de fallas en la planeación, diseño, construcción y operación” de la obra, o bien, cuando esa misma administración revisó esta y otras infraestructuras a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017.
El segundo sentido de los estudios referidos es dotar de fundamento científico al deslinde de responsabilidades que debe llevar a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ante el alto grado de politización que ha suscitado la tragedia, es necesario enfatizar que el análisis técnico y la delimitación jurídica de responsabilidades son dos procedimientos independientes, y que sólo contando con la totalidad del primero puede efectuarse con éxito el segundo. Con todo, está claro que esta primera fase de la investigación apunta a las empresas constructoras, al gobierno capitalino que encargó las obras y a las entidades encargadas de supervisarlas, pues si hubo fallas en el proceso de construcción, era deber de las autoridades detectarlas por medio de las instituciones contratadas para realizar la supervisión y certificación.
Desde las horas inmediatas después de la tragedia surgió un clamor social por conocer la verdad y ver que se sancione a los responsables; exigencia plenamente justificada cuando se trata de un episodio que ha causado daños humanos tan graves: en primer lugar, la irreparable pérdida de vidas y las afectaciones a la salud de los supervivientes, pero también las secuelas emocionales entre las víctimas y su entorno, así como el aumento de los tiempos de traslado para centenares de miles de personas en una zona de la ciudad que ya padecía grandes carencias. Sin embargo, la entrega de los primeros avances de la investigación recuerda que en casos como éste la prisa suele estar peleada con la verdad, y que para llegar a ésta se requiere un meticuloso trabajo técnico-científico, en el cual es imposible conciliar la exactitud con la prontitud. En suma, la determinación de responsabilidades aún deberá esperar a la presentación de las conclusiones definitivas, pero esta dilación en modo alguno puede convertirse en carta de impunidad para las empresas y los funcionarios que resulten implicados.
