Ciudad de México. La reforma constitucional en materia de derechos humanos colocó estas garantías “como el centro del orden jurídico. Sus implicaciones han sido muchas y en diversos órdenes. Las perspectivas y retos por venir no son menos, lo más importante es su plena eficacia”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa.

Durante el panel “La reforma constitucional en materia de derechos humanos: Impacto y perspectivas”, Esquivel Mossa resaltó que esta reforma es la más importante que ha tenido nuestra Constitución “porque dispone de una orientación dirigida hacia la prevalencia de todo el sistema jurídico y (…) por ser producto de un consenso legislativo pocas veces visto en nuestro país durante las últimas décadas”.

En este encuentro, realizado vía web, participaron los juristas Diego Valadés, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y las magistradas Marisol Castañeda Pérez y Estela Fuentes Jiménez.

Durante su mensaje de bienvenida, la ministra Esquivel Mossa, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, señaló que la reforma involucró la presentación de 47 iniciativas y derivó, luego de veinticinco meses de proceso legislativo, en la modificación de 11 artículos constitucionales.

En su intervención, la magistrada Marisol Castañeda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, destacó que la Suprema Corte, en ejercicio de su papel como Tribunal Constitucional, ha buscado a través de sus sentencias la reivindicación de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad.

En tanto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recalcó que esta reforma constitucional ha trascendido socialmente porque ha permitido visibilizar y denunciar violaciones de derechos humanos.

“Ahí están las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos humanos (…), y que requieren una actuación estatal; esto ha empoderado a la sociedad civil”, y expresó que la inclusión del principio pro persona, a su juicio, “constituye el engranaje articulador de toda la reforma de 2011”.

Por su parte, la magistrada Estela Fuentes Jiménez, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, refirió que falta redoblar esfuerzos y fortalecer el acceso a la justicia. “Existen una serie de problemáticas concretas en nuestra sociedad mexicana que invariablemente amenazan o vulneran los derechos humanos, por ejemplo, la violencia en todas sus formas".