Una incertidumbre y una tensión poco comunes, incluso en el inestable panorama político, se vivían en Perú, al cierre de esta edición. El conteo del último 5 por ciento de los votos emitidos en la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo daba una ligera ventaja al candidato Pedro Castillo, un dirigente campesino y sindical de izquierda, sobre la aspirante Keiko Fujimori, quien representa la corrupción política y fue adoptada como favorita, en calidad de mal menor, por la oligarquía tradicional peruana, la cual promovió a lo largo de la campaña una campaña de miedo al “comunismo” supuestamente encarnado por Castillo.
Según la información dada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargada de organizar los comicios y del recuento de los votos, el resultado definitivo aún podría demorar varios días, debido a que faltaban por computar las casillas más lejanas del país y los votos procedentes del extranjero, así como resolver las impugnaciones presentadas.
La llegada de la papelería electoral procedente de las regiones rurales, en las que Castillo predominaba, revirtió la tendencia inicial, favorable a la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), sentenciado y actualmente preso por autoría intelectual de homicidios, secuestro, peculado, apropiación de fondos públicos, espionaje y allanamiento. Keiko, su hija, se desempeñó como primera dama entre 1994 y 2000, ha ocupado escaños en varias legislaturas y ha buscado infructuosamente la presidencia desde 2011. Asimismo, Keiko ha enfrentado procesos judiciales por lavado de dinero que la llevaron a la cárcel varios meses en 2018. Sus propuestas económicas son neoliberales a secas y su empeño en hacerse con la jefatura del Estado puede entenderse como un intento de huida hacia adelante para neutralizar los procesos penales que se desarrollan en su contra y para sacar a su padre de la prisión.
Castillo, por su parte, procede de una familia campesina de Tacabamba, es profesor de primaria, fue integrante de un cuerpo de rondas (autodefensas) campesinas y destacó como dirigente magisterial en la huelga de su gremio de 2017. Su programa político es de corte progresista, favorable a la educación popular, la reformulación de las condiciones ventajosas en las que operan las transnacionales en Perú y una mayor participación del Estado en la economía, aunque reconoce la importancia de la inversión privada.
Su plataforma incluye una reforma institucional de gran calado que debería empezar por la redacción de una nueva Constitución. En lo social, el abanderado del partido Perú Libre es claramente conservador, pues se opone a la despenalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Las biografías y las propuestas de ambos candidatos expresan con claridad el sentido que imprimirían al gobierno en caso de resultar ganadores: el triunfo de Fujimori significaría un periodo más de neoliberalismo devastador y corrupto; mientras que una presidencia de Castillo abriría la puerta a una reorientación general del Estado peruano a favor de los más desfavorecidos, el bienestar y la soberanía.
Menos de cien mil votos separaban a ambos aspirantes en el agónico recuento de resultados, sin posibilidad de dar por seguro ganador a ninguno de ellos, pues si bien faltaba por contabilizar una parte del voto rural, mayoritariamente favorable a Castillo, también se encontraba pendiente el recuento de los sufragios de peruanos en el extranjero, que se inclinan en mayor proporción por Fujimori.
Un triunfo de Keiko sería nefasto de necesidad para Perú, no sólo por lo que ésta representa sino también porque daría pie a una presidencia inestable y quizá breve, pues la candidata tiene pendientes diversas acusaciones penales. En cambio, si se confirman las tendencias favorables a su adversario, el país andino podría iniciar un proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales sin precedente y con una dirección precisa.
