Ciudade de México. En la visita oficial que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizará a México y Guatemala la próxima semana, deberá abordar con los líderes de esas naciones temas de derechos humanos y Estado de derecho, pues existen acciones y hasta políticas gubernamentales que atentan contra esas garantías.

Así lo señalaron en un pronunciamiento conjunto la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Latin American Working Group, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación para el Debido Proceso.

A unos días de la gira de trabajo de Harris a ambas naciones, donde uno de los temas centrales será la migración y el apoyo para contrarrestar las causas de ésta, las cinco organizaciones civiles lamentaron que integrantes de la administración de Joe Biden hayan elogiado las estrategias militarizadas de control migratorio implementadas por México y Guatemala, “acciones que provocan más violaciones a derechos humanos”, y que en gran parte se implementaron por la presión de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump.

En ese sentido subrayaron que las políticas migratorias en la región no deben enfocarse en la disuasión y control de los flujos, sino en lo humanitario.

Harris, quien en marzo pasado fue nombrada por Biden como encargada de liderar los esfuerzos de su administración para abordar en conjunto con México y Centroamérica las causas de la migración regional, entre ellas la pobreza, la inseguridad y la corrupción, estará en Guatemala el lunes 7 de junio y en nuestro país el martes 8.

Las ong criticaron que tras las recientes reuniones virtuales que Harris mantuvo con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Guatemala, Alejandro Giammattei, se hayan acordado estrategias de capacitación estadunidense a las fuerzas de seguridad fronteriza guatemaltecas y una posible solicitud de Estados Unidos para que las autoridades mexicanas incrementen las detenciones y deportaciones de migrantes.

También pidieron indicios claros a la administración de Biden para alinear sus políticas fronterizas con sus obligaciones legales e internacionales para permitir el acceso a su sistema de asilo, comenzando con poner fin a las expulsiones con motivos de salud bajo el Título 42, establecidas por Trump pero que hasta ahora el nuevo gobierno mantiene.

En el documento, las cinco ong consideraron que el reconocimiento del gobierno estadunidense a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y combatir la desigualdad y la inseguridad económicas en la región “es un cambio positivo después de las desastrosas políticas de la administración de Trump”.

Sin embargo, acotaron, “nos preocupa la posibilidad de que, en nombre de establecer acuerdos de control migratorio para limitar el número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México, el gobierno de Biden omita abordar algunos de los temas urgentes de derechos humanos, Estado de derecho y gobernanza, que deberían ser conversados con los gobiernos de México y Guatemala”.

Remarcaron que la priorización de acciones de disuasión y control migratorio por encima del acceso a la protección pone en peligro la seguridad de miles de personas, muchos de ellos que viajan en familia, que huyen de sus países de origen para salvar sus vidas.

En el caso particular de México, las agrupaciones civiles dijeron que preocupan la seguridad, el Estado de derecho, la independencia judicial, las violaciones de derechos humanos y el papel de las fuerzas armadas.

No ha habido avances significativos en la desmilitarización de la seguridad pública ni en mejorar la investigación y persecución de los delitos, dijeron.

Hicieron saber a Harris su inquietud sobre recientes reformas como la de la ley de la Fiscalía General de la República, “que debilita la rendición de cuentas e independencia” de la institución; la ampliación en los mandatos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y de otros integrantes del poder judicial; o el papel cada vez mayor que se da a las fuerzas armadas en tareas civiles, dentro y fuera de la seguridad pública.

También llamaron la atención sobre las propuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado enviará para reformar varios organismos autónomos, o sus señalamientos generalizados contra organizaciones civiles y periodistas.