Desde antes de la inauguración de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado diversas irregularidades en su planeación, construcción, reparación y ampliación.
En las primeras auditorías realizadas en 2009, 2010 y 2011 encontraron problemas con el plan ejecutivo de las obras, riesgos de impacto ambiental y conflictos con el trazado de la línea que no se adecuaba a las condiciones del terreno, entre otras observaciones.
En la más reciente fiscalización del proyecto, relativa a la Cuenta Pública 2019, se determinó que hubo sobrecostos en algunas obras de la ampliación Mixcoac a Observatorio..
En la primera revisión, realizada por la ASF como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 –tres años antes de la inauguración de la Línea Dorada en 2012– se concluyó que al arranque de las obras no se realizó el nuevo costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado ni se elaboró el dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para las modificaciones al trazo original, y que los estudios y proyectos ejecutivos no se ajustaron a las condiciones físicas del terreno urbano.
Auditorías practicadas en 2010 consignaron que en los trabajos realizados por empresas particulares no se cumplió con el manejo y control de las bitácoras de obra civil y obra electromecánica, y que se detectaron trabajos de mala calidad en la estación Tláhuac y sus talleres, entre otros puntos.
En los últimos años, la ASF ha fiscalizado las obras de ampliación de la Línea 12 en el tramo que va dela estación Mixcoac a Observatorio, de la Línea 1. Ahí documentó un posible daño patrimonial por alrededor de 72 millones de pesos por obras de mala calidad.
También encontró irregularidades por 31 millones 630 mil 977 pesos por trabajos que no cumplieron con la calidad establecida en el proyecto ejecutivo y sus especificaciones.
Si bien, según las auditorías, muchas de las observaciones e irregularidades fueron solventadas por las autoridades o por las empresas responsables de las obras, en algunos casos la ASF hizo recomendaciones, solicitud de aclaración o inició procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos.
