San Cristóbal de Las Casas, Chis., La Organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 indígenas tzotziles asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, manifestó su seguridad de que el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso, “ayudará a confirmar la verdad y obligará al gobierno mexicano a señalar la responsabilidad de los criminales que ordenaron, planearon, financiaron y ejecutaron la Masacre, para que dejen de ser premiados y sus actos tengan verdaderas consecuencias.

“Seguimos creyendo que el informe provocará que (los responsables) no sigan convencidos de que pueden continuar comprando y usando armas de grueso calibre para causar terror en su propio beneficio, apoyados por el gobierno; en resumen, para evitar que ocurra de nuevo un crimen de lesa humanidad como el de Acteal”.

En un comunicado advirtió que “si no llega rápido la publicación del informe de fondo de la CIDH, corremos el riesgo de que la violencia siga ganando terreno en nuestras comunidades, como la mala hierba”.

Manifestó que “cada vez son más los que tienen echado a perder el corazón por el dinero que les sigue ofreciendo el gobierno. Y cada vez son más crueles los que, con el cobijo del mal gobierno, persiguen y acosan a quienes continuamos en resistencia, a las y los que seguimos intentando construir un mundo más justo sin depender de las migajas´’ con las que el gobierno ha logrado dividirnos, para poder defender nuestra tierra contra los megaproyectos y así proteger nuestra vida y la de nuestros hijos”.

La agrupación también expresó su preocupación, debido a que “se criminaliza, amenaza y violenta a quienes defienden los derechos de los pueblos a la vida y a su territorio, como nuestros hermanos y hermanas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mientras que el gobierno tolera la violencia, e inclusive la fomenta, al pagar ‘rescates’ con dinero y con apoyos a los que ejercen la violencia”.

Recordó que “sin tener ninguna culpa, nuestros hermanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, integrantes del Frayba, fueron privados de su libertad por más de 40 horas en la localidad de San Felipe, municipio de Ocosingo, luego de ser retenidos arbitrariamente el pasado 12 de abril cerca del Crucero de Kuxuljá, cuando iban hacia Palenque a reunirse con integrantes de la organización de Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos”.

Agregó: “Y sabemos que no somos los únicos que enfrentamos los proyectos de muerte que quiere traer el gobierno traidor, para beneficiar únicamente a los poderosos, empresarios nacionales y de compañías extranjeras. Hoy más que nunca arriesga su vida aquel que defiende a la Madre Tierra, pues los intereses de los ricos están realmente siendo protegidos por el gobierno, mientras que los derechos humanos de los defensores de derechos humanos ambientales en México son violados sistemáticamente, como lo muestra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental al documentar que durante el año 2020 hubo 18 asesinados y se presentaron 65 ataques en todo el país contra estos defensores y defensoras”.