En el contexto del 8 Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro cedió su cargo de primer secretario de esa organización al presidente Miguel Díaz-Canel. También dejaron sus posiciones otros dirigentes históricos, últimos exponentes, junto con Castro, de la revolución de 1959, como José Ramón Machado Ventura, quien fungía como segundo secretario del PCC, cargo que fue suprimido, y el comandante Ramiro Valdez.
Con estos movimientos concluye la carrera política del hermano menor y sucesor de Fidel Castro, su periodo al frente del máximo liderazgo de la isla (que se inició en 2006) y se consuma un cuidadoso y prolongado relevo generacional en las más altas instancias del poder en La Habana: la presidencia del Consejo de Ministros y el Buró Político del PCC.
Tal proceso empezó en 2018, cuando Raúl fue sucedido en la primera de esas instancias por el propio Díaz-Canel. De sus tres lustros como gobernante y dirigente destacan la apertura de algunos sectores de la economía a la iniciativa privada, el relajamiento de controles gubernamentales en los servicios de telecomunicaciones y las compraventas inmobiliarias, el acercamiento con la administración de Barack Obama y reformas políticas que establecen una mayor movilidad y límites de edad en los cargos superiores del gobierno y del partido.
Sin ser lo adversas que fueron durante el gobierno de Donald Trump, quien canceló las medidas de alivio adoptadas por su predecesor y ordenó centenares de acciones en contra de la economía cubana, las condiciones internacionales en las que se lleva a cabo esta transición distan de ser favorables: a la persistencia del bloqueo económico estadunidense –que dura ya más de seis décadas– deben sumarse las difíciles circunstancias mundiales causadas por la crisis sanitaria global generada por el surgimiento y la expansión del virus SARS-CoV-2 y por las desastrosas consecuencias económicas que han tenido las medidas de confinamiento para mitigar la pandemia. Por su parte, el presidente Joe Biden no ha dado signos de retomar los acercamientos con la isla emprendidos por Obama, de quien fue vicepresidente.
Es claro, por otra parte, que el relevo generacional que ha tenido lugar en La Habana no significa de manera alguna un cambio brusco en los lineamientos políticos y económicos imperantes en Cuba y la lealtad de Díaz-Canel al modelo surgido de la Revolución Cubana y consolidado en décadas posteriores. En diversas alocuciones, el mandatario y ahora primer secretario del PCC ha dejado en claro que se mantendrá fiel al gradualismo en las reformas económicas y que en lo inmediato tampoco deben esperarse cambios mayores en las reglas políticas.
Atrás quedan las profecías apocalípticas sobre un derrumbe del régimen cubano tras la desaparición física o política de Fidel y de Raúl. Hasta ahora, la institucionalidad de la isla ha demostrado ser capaz de procesar el retiro y la muerte del primero y la renuncia del segundo a seguir ejerciendo el poder, y ello no se ha traducido en inestabilidad ni zozobra.
La comunidad internacional en su conjunto tendría que reconocer la solidez de esa institucionalidad y manifestarse de manera inequívoca por el respeto a la soberanía de esa nación caribeña; si en la patria de Martí han de ocurrir nuevas reformas, sólo a los cubanos corresponde determinar el sentido y el ritmo de ellas. En realidad, el único cambio radical que debe esperarse en la situación cubana es el levantamiento del criminal embargo que ha causado por décadas un sufrimiento incuantificable a los habitantes de la isla.
