Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en menos de un mes envió un segundo pronunciamiento para que las secretarías de Seguridad Pública y de Salud estatal atiendan la falta de estos servicios en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, uno de los asentamientos más poblados de los wixaritari en el norte de Jalisco.
“El 19 de marzo, la CEDHJ emitió un pronunciamiento por la falta de servicios de salud y seguridad pública en Cohamiata, municipio de Mezquitic, derivado de los actos de inseguridad suscitados en sus límites territoriales”, informó la defensoría.
En el documento se solicitó a los titulares de las dependencias que, en el ámbito de sus competencias, restablecieran a la brevedad ambas prestaciones gubernamentales que se dejaron de ejercer a finales de febrero de 2021.
“Sin embargo, a pesar de los exhortos a las instituciones, los servicios no se han proporcionado a quienes viven y acuden a la comunidad; no obstante, hubo seguridad pública federal algunos días y posteriormente fue retirada”.
Al primer llamado, la Secretaría de Salud reconoció que no hay médico adscrito en Cohamiata y “la principal razón es la inseguridad que se vive en la región” y personal de enfermería atiende las urgencias, estabiliza a los pacientes, y de ser necesario son trasladados en ambulancia al hospital comunitario de Huejuquilla el Alto, (ubicado 150 kilómetros en un recorrido de más de 4 horas).
Por su parte, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que, desde el 26 de febrero, esa dependencia se encuentra a cargo de la seguridad del municipio de Mezquitic (el más grande de Jalisco con 3 mil 361 kilómetros cuadrados) y comunidades aledañas.
Sin embargo, a finales de febrero se detuvo al comisario de la policía local Fabio Lisandro y a los agentes de línea, José Raquel, Benjamín y Gregorio, por delitos de desaparición forzada de personas, homicidio calificado, abuso de autoridad, asociación delictuosa y peculado. Desde entonces un reducido grupo de uniformados estatales se encarga de la seguridad.
Por ello, la defensoría pidió a los tres órdenes de gobierno fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública federal, estatal y municipal, para que, en el marco de sus respectivas competencias y con una estrategia específica, se proteja a quienes viven y acuden a las comunidades wixaritari y de forma prioritaria a San Andrés Cohamiata.
