Buenos Aires. El gobierno argentino, representado por la Procuración del Tesoro, acudió como querellante en la causa que investigará si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” del ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esto ocurre cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la decisión de Gran Bretaña de hacer en los próximos días ejercicios militares en las islas Malvinas, territorio ocupado colonialmente desde 1833. Los ejercicios incluyen el lanzamiento de misiles Rapier.
La querella penal, iniciada mediante el decreto 239/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, se tramita en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 5 de la capital federal.
El artículo 1º del decreto señala la necesidad de que el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, “coadyuve en la promoción de la acción penal” para determinar a los responsables de la acción que se investiga y que pudieron dañar al Estado.
El artículo segundo del decreto instruye además al procurador “a iniciar las acciones conducentes ante los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”. Asimismo, se solicitó a la Sindicatura General de la Nación determinar el monto del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos del FMI y los plazos comprometidos para el rembolso.
Todo esto, “en el marco del acuerdo stand-by iniciado por medio de la carta de intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”, solicitando la colaboración del Banco Central.
El mes pasado, el presidente Alberto Fernández se refirió a este endeudamiento como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
Protesta por ejercicios militares de GB en Malvinas
La cancillería argentina advirtió a Gran Bretaña sobre maniobras militares y lanzamientos de misiles en el Atlántico Sur y señaló que esto contraviene la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que “insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que signifiquen modificaciones en la situación” mientras las Malvinas están en proceso de negociación recomendado por ese organismo.
La cancillería argentina rechazó los ensayos con misiles Rapier en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido y denunció que éste alega la “condición defensiva de la base militar de ese país”, ubicada ilegalmente en la isla Soledad de las Malvinas argentinas, lo que “es totalmente injustificado y representa una amenaza para toda la región”.
Considera además que estas maniobras permanentes constituyen “una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales, que instan a ambos países a negociar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
