Desde que, en enero de este año, entraron en vigor las reformas en materia de infancia migrante, y hasta fines de marzo, “el Instituto Nacional de Migración (INM) ha rescatado a 2 mil 10 niñas, niños y adolescentes no acompañados y a 3 mil 900 acompañados, y la mayoría los canalizó a los sistemas DIF municipales, estatales o nacional”. Dichos cambios legales, significaron un “giro” en el tema de respeto a los derechos humanos de los infantes en situación de migración, aseguró Oliver Castañeda Correa, titular de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional.
Detalló que la reforma establece una estrecha colaboración entre el INM y las procuradurías de protección a niños, niñas y adolescentes.
Destacó que ya no hay repatriación o deportación, sino “retorno asistido”, y que no es sólo un cambio de nombre, sino “de visión, y de manera de ejecutar los procedimientos”.
Ahora “los niños no podrán permanecer en estaciones migratorias al momento que son rescatados por el INM. El instituto notifica a las procuradurías de protección para que estas intervengan, a través de un procedimiento que se llama restitución de derechos y al mismo tiempo el INM debe canalizarlos a los sistemas DIF”.
La reforma establece también “una obligación de mantener la unidad familiar, y uno de los temas importantes que ha generado mayor presión, pero que se ha atendido, es el alojamiento para niños, niñas y adolescentes y sus acompañantes”. Por esta razón se debe corroborar que realmente quienes van con ellos sean familiares o personas cercanas, y no que haya un pago de por medio para trasladar a los infantes migrantes a la frontera norte.
Se está haciendo “un gran esfuerzo de coordinación por parte de los tres órdenes de gobierno” para el resguardo de los infantes, y destacó que el flujo migrante está “creciendo mucho más que en 2020”, a inicios de la pandemia.
Explicó que a los infantes no acompañados y acompañados, los sistemas DIF les dan alojamiento en centros asistenciales, donde se les procuran servicios básicos: alimentación, servicio médico, mientras el INM realiza las actuaciones del procedimiento administrativo que determina su situación migratoria.
Las procuradurías de protección intervienen con “equipos multidisciplinarios para identificar las situaciones de sus derechos o si hubiera alguna necesidad que atender o vulneración de derechos por el proceso migratorio”. Se identifican también las causas de la salida del infante de su país de origen o residencia, y el INM verifica si por condiciones de violencia o inseguridad, corren riesgo al volver. Se les informa que pueden solicitar, de ser el caso, la condición de refugiados o de asi-lo político.
