La Administración General de Aduanas informó ayer que confiscó un embarque de 44 mil pruebas de detección de Covid-19 que se pretendía hacer ingresar al país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sin que contara con la requerida autorización de la Secretaría de Salud. En el cargamento había también oxímetros, humidificadores, audífonos inalámbricos, piezas de relojes, videojuegos y lámparas. Es decir, se pretendía agregar al contrabando tradicional de baratijas insumos y equipos médicos no regulados.
Si los importadores, cuya identidad aún está por determinarse, hubiesen logrado su propósito, no sólo se habría causado a la hacienda pública un perjuicio por casi 2 millones de pesos, sino que se habrían introducido al país aparatos de precisión incierta y pruebas clínicas de calidad dudosa.
Es inevitable relacionar la incautación referida con el descubrimiento, la semana antepasada, de un cargamento de vacunas Sputnik V, al parecer falsas, en una aeronave que estaba por despegar de Campeche a Honduras, así como con los informes acerca de un millar de inoculaciones ilegales en una maquiladora de esa entidad del sureste.
Ambos sucesos son indicativos de la existencia de un mercado negro internacional de vacunas, equipos e insumos médicos relacionados con el Covid-19 y de productos falsificados que pueden representar un peligro para la salud de millones de personas en el mundo.
Un aspecto crucial del problema es la escasez planetaria de las inoculaciones, fenómeno causado por el empecinamiento de un grupo de países ricos en acaparar cantidades irracionales de dosis –muy superiores a sus necesidades reales, de acuerdo con el tamaño de su población–, pero también por la inevitable lentitud de procesos de producción que han debido diseñarse y operarse en tiempos muy breves. En ese escenario de escasez, y cuando países enteros no han logrado acceder a ninguna de las fórmulas anti-Covid desarrolladas en meses recientes, no hay forma de impedir que grupos de interés tan delictivos como inescrupulosos hagan fortunas traficando con vacunas –verdaderas o falsas– ni de evitar el comercio de insumos como oxímetros, termómetros, cubrebocas y otros que no tienen las certificaciones internacionales y nacionales correspondientes, por lo que pueden inducir a equívocos a las personas sobre su estado de salud o hacerles sentir que están protegidas contra los contagios cuando no es así.
Más allá de los esfuerzos que las autoridades aduanales, sanitarias y policiales están obligadas a desplegar para contrarrestar estos trasiegos criminales, es de fundamental importancia que la población se abstenga de acudir a estafadores privados para hacerse vacunar y que se atenga a los tiempos establecidos en el plan oficial de aplicación, para que pueda tener la certeza de una inoculación efectiva. Asimismo, es importante difundir elementos de juicio que permitan a los consumidores conocer la calidad y la autenticidad de los productos de protección y diagnóstico que se ofrecen en el mercado.
