La Cámara de Diputados interpondrá una controversia constitucional contra el acuerdo del Congreso de Tamaulipas con el cual busca asumir la atribución que la Carta Magna otorga a los legisladores federales en materia de juicio de desafuero con el fin de evitar la consignación penal del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El proyecto y el acuerdo para la controversia será votado en la sesión del miércoles, según acordó ayer la Junta de Coordinación Política. De esta manera, el pleno solicitará a la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, que a nombre de la Cámara interponga el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La priísta ya tiene listo el proyecto en el que se prevé solicitar a la Corte suspender el acuerdo y “se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo resolutivo” de los diputados de Tamaulipas con el que estos pretenden “homologar” el proceso de desafuero.
También resalta que en los juicios de procedencia contra gobernadores, la declaración de origen que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura local respectiva, “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal, o del órgano jurisdiccional respectivo sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
Esto luego de que el 3 de marzo el Congreso estatal –de mayoría panista y con los votos, además, del PRI y de MC– aprobó una reforma para arrogarse atribuciones para determinar si desaforar o no al gobernador, de forma independiente a lo que se decida en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Sauri resalta que las “reglas del procedimiento de homologación” del Congreso de Tamaulipas a impugnar “buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
En específico, se solicitará a la Corte ordenar a que “el Congreso del estado de Tamaulipas deba abstenerse de aplicar el respectivo acuerdo, toda vez que la Cámara de Diputados es la única encargada para conocer y resolver de la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba en contra de diversos servidores públicos, al declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha lugar o no a proceder contra el inculpado”.
