La obsesión de los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova con la supuesta “sobrerrepresentación” de las fuerzas obradoristas en la Cámara de Diputados data de muchos años. A estos fieles servidores del viejo régimen les incomoda que el Presidente cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión para la aprobación de sus iniciativas y reformas legales.
Una y otra vez, Murayama, Córdova y sus colegas del Bloque Opositor Amplio (BOA) han intentado utilizar artimañas y triquiñuelas jurídicas con el fin de reducir la cantidad de diputados que apoyan a la Cuarta Transformación.
Esta posición contrasta de manera notoria con la actitud celebratoria de estos mismos actores frente a la supuesta “unidad nacional” lograda a partir de la firma del Pacto por México en 2012 y que llegó a controlar a 400 de las 500 curules en la Cámara de Diputados. En aquel momento, el hecho de que una sola fuerza política dominara 80 por ciento de la Cámara no se consideraba una peligrosa “sobrerrepresentación”, sino como un sano consenso.
El pasado diciembre hubo un primer intento del INE para dar un descontón a la presencia del obradorismo en el Poder Legislativo. Tal como hemos documentado en estas mismas páginas, la idea era obligar a Morena a compartir el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación permitida por la Constitución con los partidos aliados a su causa (véase: https://bit.ly/3cVIDvI).
La mayoría de los consejeros afortunadamente rechazó esa evidente treta ilegal que equiparaba a partidos y coaliciones. Sin embargo, el pasado 19 de marzo se aprobó una nueva resolución con características muy similares a la anterior, ahora con el sorpresivo apoyo de tres de los cuatro nuevos consejeros nombrados el año pasado: Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas y Martín Faz.
El artículo 54 de la Constitución es perfectamente claro. El inciso quinto establece un tope de sobrerrepresentación de 8 por ciento por partido: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados… que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Recordemos que desde la reforma electoral de 2014 cada partido político debe aparecer de manera independiente en la boleta electoral y ya no se permiten cláusulas de traslado de votos entre partidos coaligados. Cada partido tiene que ganar su propio respaldo ciudadano en las urnas y esa votación es la que debe contar a la hora de repartir los diputados plurinominales o de “representación proporcional”.
Sin embargo, de manera arbitraria y con base a argumentos jurídicos espurios, siete de los nueve consejeros electorales ahora han decidido fabricar por arte de magia un nuevo término que simplemente no existe en la normativa electoral: la “afiliación efectiva”. Armados con este concepto fantasmagórico, no serán los electores o los institutos políticos, sino los consejeros electorales quienes decidirán para cuál partido contabilizar cada uno de los diputados electos a la hora de distribuir las curules plurinominales.
De acuerdo con el criterio de la mayoría conservadora del Consejo General del INE, lo que cuenta no es la decisión libre del elector al escoger uno u otro escudo partidista en la boleta electoral o el contenido del convenio de colaboración entre partidos, sino el oscuro cálculo realizado por los consejeros electorales tras bambalinas. Es decir, mi decisión de tachar el escudo del partido Morena, o del PT o de cualquier otro partido, simplemente no tendrá validez si los consejeros determinan que el candidato votado “en realidad” pertenece a otro partido.
Todo ello supuestamente es “con la finalidad de reflejar de mejor manera la voluntad de los ciudadanos expresada a través del sufragio”, argumentan los consejeros con enorme cinismo e hipocresía en su proyecto de resolución. El verdadero propósito es inconfundible: se busca reducir de manera unilateral y autoritaria la cantidad de diputados obradoristas que puedan llegar a la Cámara de Diputados.
En suma, el INE ha decidido tratar a los ciudadanos como si fuéramos menores de edad, carentes de juicios propios e incapaces de discernir las diferencias entre partidos y opciones políticas. De manera paternalista, los consejeros electorales suplantan a los electores con el fin de purgar al país de lo que ellos consideran una ideología “populista” y peligrosa.
Se confirma, una vez más, que el INE milita abiertamente en contra de la transformación de la patria.En las elecciones de 2021, como en 2018, la tutela de la democracia correrá a cargo de los ciudadanos frente a la traición comprobada de parte de las instituciones electorales.
