Frente a la pandemia de Covid-19, las autoridades sanitarias de México tuvieron una respuesta tardía e insuficiente, como parte de un escenario en el cual el Poder Legislativo debe tener mucha mayor participación para definir las políticas públicas necesarias para enfrentar esta emergencia de salud y hacer contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, señalaron los participantes en un foro virtual sobre el tema.

Durante el conversatorio titulado “La función de las instituciones protectoras de los derechos humanos ante las contingencias”, la académica Cecilia Mora Donatto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que los organismos encargados de instrumentar la respuesta del país frente al coronavirus dejaron pasar varios días antes de reaccionar como se esperaba.

Una muestra de ello, dijo, es que aunque la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General (CGS) sesionó hasta el 19 de marzo, debido a la falta de convocatoria del secretario de Salud, quien debería fungir como su coordinador.

“No sólo se pudo observar una respuesta tardía, sino que no se ejerció con rigor jurídico la potestad (del CSG) que le mandata a publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional”, señaló Mora.

“En lugar de esta declaratoria de emergencia, el CSG emitió el 19 de marzo un acuerdo por el cual reconoció la pandemia, pero que se publicó hasta el 23 de marzo, como si el tiempo en estos temas no fuera importante”, criticó la investigadora.

Luego de señalar que durante la emergencia “hemos visto diversas actitudes alejadas en gran medida del marco constitucional y legal que rige a estas instituciones en un momento de crisis sanitaria”, Mora señaló que el Poder Legislativo debe tener una participación más activa para definir el rumbo de las acciones de gobierno frente a la pandemia.

“Es tiempo de que exijamos a los legisladores una actuación proactiva. Hemos estado un año con restricciones a nuestros derechos, y el Legislativo tiene mucho qué decir en torno a este gran reto que constituye la pandemia y francamente lo hemos oído decir muy pocas cosas.

“Es preciso que alce la voz para que se ajusten estos mecanismos que implican una concentración de poder (del Ejecutivo), para que puedan ser controlados los efectos de sus decisiones. La salud y la ciencia son materia del Legislativo y éste debe hacer algo para no alargar esta pandemia” y prepararnos para las que puedan venir en el futuro, puntualizó.

Por su parte, José Luis Soberanes, ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un recuento de la forma en que surgió dicho organismo y resaltó la importancia de que defienda su carácter autónomo.

Aunque señaló que no buscaba hacer una evaluación de la actual CNDH, afirmó que este instituto y los órganos estatales de defensa de los derechos humanos “tienen que seguir enfrentando al poder, saberse reforzar e imponer”, aunque dicha tarea es especialmente difícil “en países donde todavía estamos muy necesitados de una cultura democrática”.

En su turno, Perla Gómez Gallardo, ex ombudsperson de la Ciudad de México, alertó que la pandemia de Covid-19 ha generado “francos retrocesos” en el país y el continente americano en particular, la región del mundo con mayor desigualdad social y con altos índices de violencia, sobre todo de género.

La jurista puntualizó que la emergencia sanitaria ha generado la pérdida de hasta 6 millones de empleos informales, entre otros daños económicos y sociales graves, y subrayó que las autoridades deben garantizarle condiciones dignas de trabajo al personal médico.