Como parte de la defensa presentada por los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras la polémica por el reconocimiento de un error en la auditoría sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el órgano fiscalizador informó que ha interpuesto denuncias por posibles daños al erario que ascienden a 6 mil 244.7 millones de pesos.
Las denuncias corresponden a proyectos del sexenio anterior, entre otros el desvío de recursos desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a empresas fantasma, el hangar presidencial y el Paso Exprés de Morelos. Además, está por presentar denuncias por 904 millones de pesos por casos vinculados con la petrolera Odebrecht, así como otras dos por la compra de las plantas de Fertinal y de Agronitrogenados.
De acuerdo con la información expuesta por Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, la mayor parte de dichos casos fueron fiscalizados por esta instancia en la administración pasada –con Juan Manuel Portal al frente– pero que, dijo, no derivó en denuncias penales ni observaciones mayores.
Incluso, en la reunión de trabajo a la que citó la Comisión de Vigilancia de la ASF, Lozano advirtió que había un “rezago” en la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, ya que “entre 2013 y 2017 se practicaron 683 auditorías y únicamente se presentaron cuatro denuncias”.
De los procesos iniciados durante la actual administración, hay una denuncia de hechos derivada de las auditorías realizadas al hangar presidencial por 159.3 millones de pesos, otra a Pemex Transformación Industrial vinculada con el caso Odebrecht por 216 millones de pesos y una más al gobierno de Veracruz relacionada con la cuenta pública 2015, por 2 mil 750 millones de pesos.
De igual forma, se presentó una más respecto a la cuenta pública de 2018, en el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, generada tras la fiscalización a la compra de software por parte Policía Federal por mil 576 millones de pesos.
Asimismo, se promovió otra denuncia a la empresa estatal Impresora y Encuadernadora Progreso (Iepsa), por 400 millones de pesos, contra Diconsa otra por 325 millones de pesos, a Sedatu por 317 millones de pesos y una más por 67.5 millones de pesos a esta misma dependencia.
Además, contra la entonces Sagarpa se presentaron 36 denuncias que suman un posible daño por 278.4 millones de pesos, contra el Colegio Mexicano de Recursos Naturales por 160 millones de pesos y contra el Centro SCT Morelos, por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, por 101.5 millones de pesos.
