Ciudad de México. El desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, debe ser resuelto primero, si procede, por la Cámara de Diputados que le enviará la declaratoria al Congreso del estado, aclaró el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena).

“Es para todos una norma constitucional que se puede consultar en el artículo 111 de la Constitución”, dijo luego de que ayer la legislatura tamaulipeca aprobó una reforma con la cual pretende atraer la solicitud de desafuero.

Además, explicó que, a partir del día siguiente de la notificación al mandatario estatal, es decir, el lunes pasado, empezaron a correr siete días para que declare ante la sección Instructora.

“Si no declara se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra él las niega; el que no declara niega, no el que calla acepta, no funciona ese método en absoluto, es al revés”, dijo.

Pese a que el panista podría presentar su declaración de manera personal, en este momento de la Sección Instructora no está haciendo comparecencias presenciales, sino sólo por escrito.

Una vez transcurridos los siete días, la Sección Instructora deberá reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas después de notificar a la Fiscalía el contenido del documento que presente el inculpado, abundó. En esos 30 días, las partes tienen libertad para contradecir las pruebas presentadas por la Fiscalía, tras lo cual la Sección Instructora deberá evaluar para tomar las decisiones, explicó.

Al recordar que son tres probables delitos por los que se investiga al gobernador, reiteró que la ley no permite difundir el expediente, ya que las personas que tienen acceso lo hacen en condición de sigilo.

“No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito. Si el fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, en su solicitud, es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, agregó.

Pablo Gómez se refirió también a la petición de desafuero contra el senador de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar (Morena), y del diputado del PT, Mauricio Toledo, e indicó que esa instancia jurisdiccional recibió los alegatos de cada uno.

En el caso de Toledo, adelantó que la Sección Instructora “tomará algunas resoluciones porque hay algunos incidentes que fueron presentados y deberá resolverlos definitivamente para abrir el periodo de pruebas”.

Refirió que el ex delegado en Coyoacán pidió la nulidad de todas las actuaciones de la Sección Instructora, esto es demandó “todo los que se ha actuado se anule”. No obstante, eso “no significa nada, porque es una petición y ya, vamos a ver qué se resuelve. Nunca he visto que exista la nulidad de actuaciones en estos procedimientos”.

Mientras que en el caso del senador por Chihuahua ya se inició el periodo de presentación de pruebas.