Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.

El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de CFE”.

También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.

En la exposición de motivos se cuestiona que, con la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se aprobó mediante “sobornos entregados a legisladores”, se aprovechó para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, además de que las bases de mercado definieron el despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de CFE.

Con ello se autorizó “un programa de despacho fijo, creando un mercado paralelo y subsidiario para las centrales eléctricas privadas”.

En contraste, la reforma propone sustituir el actual despacho económico por el de entrega física de las centrales eléctricas, con lo cual se espera garantizar el servicio prioritario de CFE ante otros participantes de la industria, así como superar la relegación intencionada de las centrales de la comisión frente a los entes privados.

De esta manera, el orden de entrada se dará a partir de cuatro etapas: primero, el despacho de la energía producida por las hidroeléctricas de CFE.

Enseguida, la energía generada nuclear, geotérmica, de ciclo combinado y de termoeléctricas de CFE. En esta etapa se despacharán posteriormente las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En tercer lugar, la energía eólica o solar producida por particulares. Finalmente, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.

“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”, señala el mandatario.

La iniciativa presidencial resalta que los contratos financieros diseñados por el gobierno de Peña Nieto dieron prioridad a los precios de energía y la capacidad, pero no obligan a la entrega física de energía, lo cual pone en riesgo y vulnerabilidad financiera a CFE, que está obligada a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando los costos unitarios de seis centrales son menores a los de las privadas.

Además, que los contratos fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado, por encima del interés público. “Aun con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza, en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo por kilovatio-hora menor”.

En su proyecto, el Presidente cuestiona que el gobierno de Peña Nieto “otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Incluso afirma que para justificar la reforma, se alteró la realidad, pues se argumentó entonces que las modificaciones se traducirían “en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y el desarrollo del país”.

En realidad, lamenta, todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico.