A estas alturas está claro que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el continente ante la pandemia mundial está estrechamente relacionada con la desigualdad, el racismo y el clasismo que los estados históricamente han sido incapaces de enfrentar. Sea por acción o por omisión, han sido sus activos promotores. Por supuesto, nuestro país no es la excepción, ni antes ni hoy. Justamente me quiero referir a esa otra pandemia, la muy vigente, la que coexiste con la de Covid-19 y que estaremos viviendo de forma aguda este primer semestre electoral del año, en sus expresiones violentas y con raíces también de muy antes.
Esta otra pandemia está inmersa en la impunidad de las agresiones paramilitares que están afectando de manera destacada a Chiapas y más concretamente a comunidades zapatistas, pero no sólo a ellas, como veremos. En días pasados ha sido el municipio de Oxchuc, con autoridades electas por usos y costumbres, escenario de balaceras y desplazamientos en comunidades en disputa por los partidos políticos que buscan recuperar la cabecera municipal. No se conoce ninguna versión ni investigación oficial. También el municipio de Aldama continúa sufriendo ese clima de violencia, pese a los acuerdos oficiales firmados e incumplidos. Más concretamente tenemos la escalada paramilitar contra las comunidades zapatistas, que en los hechos actúa con el respaldo de los tres niveles de gobierno. Recordemos que la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) en agosto del año pasado robó e incendió las bodegas de café del centro de comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, ubicado en el crucero de Cuxuljá, ataque al que siguieron otras agresiones en noviembre con el secuestro bajo tortura por tres días de una base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi. La semana del 18 al 21 de enero de este año esta comunidad zapatista fue objeto de ataques sucesivos armados contra las casas de la misma por parte de la Orcao.
El mismo patrón de agresión en los tres casos que sólo enunciamos y similar ausencia de intervención directa de parte oficial. Este clima que promueve el despojo de las comunidades agredidas se agudiza en el contexto del mercadeo político electoral que ya se inició aún antes de que se formalice. Por otra parte, también en Chiapas y no sólo en esta entidad, se están presentando conflictos con la instalación territorial de la Guardia Nacional.
Representantes del pueblo maya tzeltal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un cuartel general de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento (boletín 27/1/21).
En el resto del país se enfrenta también esta otra pandemia. Hay que colocar la mirada en los crímenes en Oaxaca, en Guerrero contra indígenas defensores del territorio.
Justamente en el contexto de la resistencia social mundial, debemos ubicar la Declaración por la Vida que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio a conocer el primer día del año en curso suscrita por pueblos y organizaciones, colectivos y personas del mundo. El pasado 28 de enero se difundieron los acuerdos de la quinta asamblea Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Tras ofrecer un recuento del impacto de los megaproyectos en curso en el país y de la resistencia frente a ellos, informaron que aceptan la invitación para participar de manera directa con una delegación del CNI-CIG y FPDTA-MPT en su gira por Europa y el mundo en los meses de julio a octubre de 2021 y en la medida de sus posibilidades en las que posteriormente se realicen en Asia, África, Oceanía y América. También acordaron desarrollar acciones por la vida contra los megaproyectos y en memoria de Samir Flores Soberanes, del 19 al 21 de febrero. Sugirieron que ello se replique en todo México y el mundo.
Se sumaron a la exigencia del cese al ataque y el hostigamiento a las comunidades zapatistas y de la liberación de presos indígenas de Codedi en Oaxaca, de la tribu yaqui, en Chiapas, de la Voz verdadera del Amate y Viniketik en resistencia. Por el cese a crímenes de integrantes del CIPO-EZ en Guerrero; la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, de la organización MAIZ de la sierra Negra de Puebla; de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos y desaparecidas. Este panorama no pasa por la atención y preocupación de las fuerzas políticas que se han dicho democráticas. No está en sus aspiraciones electorales, ni retóricamente colocar la mirada en esta otra pandemia, la de la violencia, la criminalización y los megaproyectos. La vacuna de la injusticia no está en el mercado.
