Chihuahua. Este martes 2 de febrero iniciará en Parral, Chihuahua, el juicio oral contra uno de los presuntos responsable del asesinato del activista indígena Julián Carrillo Martínez y su hijo Víctor Carrillo Carrillo, crímenes ocurridos en la comunidad Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, el 24 de octubre de 2018 y el 5 de febrero de 2016, respectivamente.

Las organizaciones Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm), representantes de la familia y coadyuvantes en el juicio oral, exigieron llevar a los responsables en el crimen ante la justicia y se sancione adecuadamente al único detenido y quien enfrentará juicio, además se logre una reparación integral que incluya medidas de no repetición para la comunidad y familiares de las víctimas.

En un comunicado, ambas organizaciones explicaron que el caso Coloradas de la Virgen es reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país, por lo que no debe quedar impune, y el homicidio de Julián Carrillo ocurrió en el marco de la Alerta Preventiva para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recordaron.

La comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen ha mantenido por décadas una digna defensa de su tierra, territorio y recursos naturales, frente a un grupo de caciques mestizos que buscan despojarlos de éstos. En total, contando a Julián y Víctor Carrillo, 10 integrantes de la comunidad han sido asesinados: Cenón Torres Palma (1966), José Fontes Valdez (1977), Julián Baldenegro Peña (1986), Juan Molina Gastelón (1989), Lucio Carrillo Torres (1990), Cirilo Portillo Torres (1992), Martín Torres Molina (1992), Isidro Baldenegro López (2017), Víctor Carrillo Carrillo (2016) y Julián Carrillo Martínez (2018).

Alianza Sierra Madre y el Cedehm advirtieron que Chihuahua encabeza los primeros lugares en el país en agresión a personas defensoras de derechos humanos, y salvo en el caso de Isidro Baldenegro, el resto no se ha resuelto, por lo que persiste la impunidad.

Este será el segundo caso en la entidad de una persona defensora de derechos humanos asesinada que llega a los Tribunales.

Carrillo fue un destacado líder de su comunidad, quien en su papel de presidente de bienes comunales, asumió la denuncia activa frente a diferentes instancias estatales y nacionales sobre el despojo de tierras y tala ilegal en territorio de Coloradas de la Virgen, situación que le trajo como consecuencia amenazas de muerte, y junto a otros defensores del bosque solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en febrero de 2014.

Luego de ser incorporado al Mecanismo, la protección demoró más de un año y no fue hasta que se promovió un amparo que ésta se llevó a cabo. La Secretaría de Gobernación le otorgó un teléfono satelital y se le ofreció acompañamiento de la policía para sus desplazamientos fuera de la comunidad, siempre que diera aviso con 72 horas de anticipación.

A pesar de encontrarse protegido y aunque el gobierno conocía su situación de grave riesgo, en febrero de 2016 su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; posteriormente su vivienda fue incendiada y se intensificaron las amenazas de muerte contra Julián, con el claro propósito de inhibir su activismo.

Ante esta situación, Julián salía temporalmente de la comunidad para salvaguardar su vida y, en octubre de 2018, con motivo del fallecimiento de una de sus hijas, regresó a Coloradas de la Virgen. Fue entonces que personas armadas que habían estado acechándolo durante los días previos lo asesinaron.

Hasta el día de hoy, ante la impunidad y falta de garantías de seguridad en esa comunidad, un número importante de indígenas están en condiciones de desplazamiento forzado, denunciaron las organizaciones civiles.

Aniversario luctuoso

En el contexto del juicio oral del presunto asesino de los activistas Julián Carrillo y su hijo Víctor Carrillo, la Asmac y el Cedehm, conmemoraron el cuarto aniversario del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, otro activista indígena y defensor del bosque originario de la comunidad de Choréachi (Pino Gordo), también en el municipio de Guadalupe y Calvo.

En el año 2014 Ontiveros Ramos asumió el cargo de comisario de policía de su comunidad, ante el incremento de la violencia, y las amenazas contra Choréachi de grupos armados que limitaban la movilidad de los indígenas.

Visitó la ciudad de Chihuahua el 20 de enero del 2017 en calidad de comisario de la comunidad, para reunirse con autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En esa reunión, Ontiveros y sus compañeros exigieron suspender la extracción de madera y tala ilegal, en tanto el Tribunal Unitario Agrario revisaba permisos de aprovechamiento forestal otorgados a mestizos en la comunidad de Choréachi.

Fueron enfáticos al denunciar la violencia de que era objeto la comunidad, a pesar de contar con medidas colectivas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 31 de enero del 2017 dos hombres armados interceptaron un vehículo en el que se trasladaban Ontiveros Ramos, su hermano Isidro y sus respectivas familias. Los dos fueron brutalmente golpeados; el defensor fue secuestrado y al día siguiente fue encontrado su cuerpo sin vida.