Estudioso de la historia nacional y conocedor de experiencias golpistas latinoamericanas, Andrés Manuel López Obrador se ha aplicado a la tarea estratégica de mantener de su lado a las Fuerzas Armadas y, en especial, a su élite directiva tan definida por su espíritu de cuerpo, por su histórico estatus de ente virtualmente intocable por el poder civil, con fuero legal o de facto, en un pacto invariable no escrito (con PRI, PAN y ahora Morena) de que cada segmento de ese binomio castrense-civil se encargue de sus asuntos sin meter de verdad la nariz en los del otro.

Más allá de los 30 millones de votos originales, la fuerza mediática derivada de la Mañanera, los resultados favorables de las siempre manipulables encuestas de opinión y la enorme fuerza institucional acumulada en el congreso federal, la Suprema Corte y órganos autónomos o comisiones, el presidente de la República se ha esforzado en convertir a esas fuerzas armadas en su verdadero puntal, con el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, como uno de los dos funcionarios que semejan ser vicepresidentes ejecutivos: Marcelo Ebrard desde el ámbito plenamente civil y Sandoval como coleccionista agigantado de encargos ajenos a lo castrense, cada vez más en cuantía, cada vez más en la lógica de una militarización que ofrece a los soldados y marinos (el papel del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán es más discreto, pero igualmente compensado) incluso la administración y beneficio directo de algunas obras y beneficios originalmente correspondientes al sostenidamente empequeñecido ámbito de lo civil.

Lo sucedido en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda es una confirmación casi flamígera de esa opción preferencial del obradorismo por los militares “propios”. López Obrador cerró filas con el general secretario Sandoval que a su vez cerró filas con su antecesor Cienfuegos cuyo episodio rampante de impunidad hizo ver a la élite militar y a la tropa en general el grado de fuerza adquirida en lo que va del sexenio por sus máximos mandos y las camarillas uniformadas.

A contrapelo de ese atrincheramiento casi literal, los opositores a la concentración de poder andresino, históricamente silenciosos, cómplices y validadores de los excesos del militarismo en tiempos priístas o panistas, han decidido convertirse en feroces denunciantes de los desfiguros relacionados con Cienfuegos, de actos criminales a cargo de militares como los sucedidos en Iguala con normalistas de Ayotzinapa. No actúan así y ahora por motivos justicieros o cívicos, sino políticos, electorales: tratan de retirar, erosionar o debilitar el puntal explícito del obradorismo, el militar.

En la historia política de América Latina hay suficientes ejemplos probados de injerencia de Estados Unidos como financista y orquestador de “movimientos civiles”, huelgas y protestas, tentaciones y presiones golpistas a mandos castrenses e incluso manejo editorial en diarios relevantes (el Mercurio, en Chile, contra el gobierno de Salvador Allende, quien solía referirlo como “el diario estadunidense escrito en castellano” https://bit.ly/3qGXvUa) para desestabilizar e intentar o lograr el derrocamiento de gobiernos ubicados en cualquier grado de la dispareja escala del izquierdismo o el progresismo.

Hoy, esos factores, la desbordada y peligrosa militarización estratégica con la que se pretende apuntalar AMLO y la campaña reactiva de sus adversarios, plena de confusión, enconamiento, provocación y desestabilización (con Joe Biden, el “decente”, al que colocan como santo patrono aspiracional o presunto), están en el libreto de una confrontación que desembocará en lo inmediato en las urnas de junio, luego en la probable consulta sobre revocación de mandato presidencial y finalmente en el relevo 2024.

Y, mientras un juzgado federal ha concedido suspensión provisional de obras del Tren Maya en tres municipios yucatecos, ¡hasta el próximo lunes!

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