El anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que el gobierno federal busca cambiar la política pública del sector, propone, entre otros ejes, transformar el actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, al que se otorgan nuevas competencias, como formular un programa especial para el sector, que se podrá actualizar cada tres años, así como proponer al nuevo Consejo de Estado las prioridades y criterios para la asignación del gasto público en la materia.
También podrá evaluar el impacto de los recursos públicos ejercidos, promover la certificación tecnológica de las empresas y verificar que cumplan las disposiciones que regulan sus actividades sustantivas.
El Consejo Nacional de Humanidades será la entidad del gobierno federal que, además de atender la política del sector, deberá coordinarlo y articular las capacidades del Sistema Nacional, a fin de garantizar “el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia y la orientación a favor del interés público nacional de las actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, que fomente, realice o apoye el Estado”.
La nueva norma también propone crear un Consejo de Estado como órgano rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que será presidido por el Presidente de la República. Entre sus facultades se incluye establecer una agenda de Estado con los temas de interés nacional o atención indispensable para “garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional y el bienestar” del país.
El anteproyecto, que podría ser discutido en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso y, en su caso, aprobado para su aplicación, establece que el Consejo Nacional, además de fungir como entidad asesora de la Presidencia de la República y de las entidades que conforman la administración pública federal, también será una “instancia de consulta especializada para la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los poderes Legislativo y Judicial de la Federación”, entre otras instancias.
Entre sus facultades se incluye que deberá fomentar en la sociedad una “cultura científica, tecnológica y de innovación basada en el rigor epistemológico, el diálogo de saberes, la producción horizontal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas y el trabajo colaborativo, así como comprometida con la ética, los derechos humanos, el cuidado y restauración del ambiente, la protección de la salud, la conservación de la diversidad biocultural del país y el bienestar del pueblo de México”.
