Buenos Aires., “Estoy feliz de poner fin al patriarcado, una gran injusticia que vive la humanidad, después de muchos años de lucha de las mujeres por la igualdad y la posibilidad de decidir”, sostuvo el presidente Alberto Fernández al promulgar ayer la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que significa que el aborto deja de ser ilegal en el país, así como la ley de los “mil días” que posibilita el cuidado del Estado a las embarazadas hasta el nacimiento y la primera infancia.

Fernández sostuvo que empeñó su palabra comprometiéndose a lograr esto durante la campaña que lo llevó al gobierno el 10 de diciembre de 2019, y calificó de “celebración” el haber logrado una sociedad igualitaria, y culminar con los largos años de lucha de las mujeres en situaciones en que tenían que recurrir “a la clandestinidad” arriesgando su vida para interrumpir un embarazo. “Nunca más morirá una mujer por un aborto”, declaró el mandatario.

Se refirió al castigo que se imponía a las mujeres por abortar, en momentos en que hay más de mil 500 detenidas por intentarlo, arrestos que deberían prescribir de inmediato en los tribunales, por lo cual el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado por este gobierno, se preparó para acompañar y garantizar que se cumpla el derecho ganado con esta ley.

“Es un día de felicidad para todos y todas porque estamos haciendo una sociedad un poco más justa”, añadió Fernández, al recordar que “las mujeres son las primeras víctimas de esa desigualdad, pero muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, por eso, hoy estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad sea más igual”.

Mencionó la situación crítica en que encontró al país a su llegada al gobierno, con cesación de pago de la deuda, crisis económica y la pandemia del Covid-19: “¿Qué más me podía pasar? En medio de todo esto, ¡a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado!”, expresó el mandatario en tono festivo al analizar esta ley que “lejos de lo que muchos piensan, iguala en capacidad de decisión” al promulgarse junto a la de los “mil días, por si alguna vez alguna mujer dudó en ser madre por los costos que significan el cuidado y alimento en los primeros años de vida de su hija o hijo”.

Afirmó que “ese dilema lo terminamos. Las embarazadas que tengan dificultades, de cualquier especie, van a tener un Estado detrás de ellas que les va a brindar salud y garantías para desarrollarse... lo que estamos aumentando para las mujeres es la capacidad de decidir”.

Entre lo que sigue pendiente, destacó la necesidad de una ley de educación sexual integral en todo el país para prevenir los embarazos no deseados, y recordó una cantidad de leyes anteriores como la asignación universal por hijo y la ley de matrimonio igualitario, lo que calificó de hitos en el aumento de la igualdad y de una sociedad más justa.

También recordó que la batalla por la igualdad continuará hasta que las mujeres tengan las mismas posibilidades de trabajo y los mismos ingresos que los hombres, o que dejen de correr el riesgo de perder el trabajo por estar embarazadas. “Ya hemos comenzado a hacerlo y por eso tenemos que celebrar”, concluyó al destacar el hecho de que muchos hombres, como el actual ministro de Salud, Gines González García, lucharon junto a las mujeres por sus derechos.

Derechos humanos

La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina convocó a una conferencia de prensa virtual para informar sobre el asesinato de las dos niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años , secuestradas, torturadas y ultimadas por el ejército paraguayo el pasado 2 de septiembre, cuando viajaron desde Argentina a ese país para ver a sus padres, que están presos, y a su familia, y por la desaparición forzada de una prima de ambas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, hija de los prisioneros políticos Carmen Villalba y Alcides Oviedo.

El gobierno del presidente paraguayo, Abdo Benítez, no ha respondido a reclamos de Buenos Aires. Incluso su ejército acusó a Argentina de ser “guardería” de subversivos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y un funcionario de ese país acusó al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de “encubrir” a la guerrilla del EPP.

“Esa es una vieja práctica en Paraguay para quitar de en medio a todo aquel que denuncie las violaciones de derechos humanos”, sostuvo Pérez Esquivel, presidente del Serpaj argentino, quien llamó a renovar los esfuerzos para que aparezca con vida la niña desaparecida y el gobierno paraguayo responda ante esta situación.

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