No pocas empresas privadas –entre ellas farmacéuticas y grupos empresariales dedicados a los hospitales, con la única intención de mercantilizar uno de los derechos humanos fundamentales, el acceso a la salud– se frotan las manos por el reciente anuncio presidencial, de que el gobierno “no tiene objeción alguna” de que ellas, “si tienen capacidad, puedan importar vacunas” contra el Covid-19.
López Obrador hizo el anuncio el pasado domingo y lo reiteró en la mañanera de ayer: “no nos oponemos a que empresas puedan importar vacunas y venderlas a quienes tengan para pagarla; es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna y ya tenemos suscritos contratos y también fechas de entrega. No nos oponemos a que una empresa pueda importarla si la adquiere en cualquier parte del mundo; si ya está autorizada por Cofepris, pues se puede utilizar en México sin problema. Lo que (el gobierno de la República) garantiza al adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita, es decir, que sea para todos, ricos y pobres”.
Y para el caso gubernamental, “lo que rifa no es el dinero, no es porque ‘yo lo tengo y me voy a proteger primero que el que no lo tiene’. Tampoco es el influyentismo político: ‘yo tengo un cargo, soy diputado, senador, secretario, Presidente de la República, y a mí me tienen que proteger primero’. Nada de eso. Hay un programa: primero los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud (público y privado) que están en hospitales Covid”.
Después, los adultos mayores, “estén donde estén, ricos o pobres. Si vive un anciano respetable en Las Lomas, allá; si vive en la Lacandona, si vive en la Tarahumara, allá; si no puede salir a donde se va a llevar a cabo la vacunación de los adultos mayores, por su edad, se va a ir a su casa. Se va a empezar de los de más edad hacia abajo, y es parejo”.
El tercer grupo, también por edad, son los enfermos crónicos. “Si un adulto mayor es hipertenso pues ya va a estar vacunado; pero puede ser que tenga menos de 60 y que tenga hipertensión, diabetes, obesidad”. Luego los maestros. “Como se va a ir abriendo el sistema educativo para que haya clases presenciales donde se pueda, que ya hay semáforo verde, ahí se vacuna a todos los maestros. De modo que el maestro está vacunado, el abuelito, la abuelita está vacunada, el papá está vacunado, si es una persona mayor, y el maestro. Entonces, se logra la protección en la familia. Y luego por edad, hacia abajo, 50, 40, 30. Esto es lo que se tiene ya contemplado para que se garantice a todos el derecho a la vacuna”.
Esa es la responsabilidad y el plan gubernamental, dijo el mandatario. “Ahora, si hay una empresa que quiera importar y comercializar, adelante. La gente que tenga posibilidad económica de hacerlo lo puede hacer. En ningún lugar (del mundo) se está comercializando, pero estaba leyendo que ya quieren pagar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos por una vacuna. Entonces, que no se malinterprete: no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna, pero nuestra responsabilidad es garantizar que todos, en igualdad de circunstancias, tengan el derecho a la vacuna. El Estado está obligado a garantizarla, y hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana está haciendo trámite para comprar vacunas. Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso. En realidad, es un debate que se está dando nada más en los medios”.
Las rebanadas del pastel
Y para los gobernadores chillones y chantajistas también hubo mensaje: “pueden adquirir la vacuna, aunque hay una reglamentación. Como se trata de un asunto de seguridad nacional, pues corresponde al gobierno federal; eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito; pero si ellos quieren, no hay ningún obstáculo”. ¿Así o más claro?
