La misma cúpula empresarial que, dale que te dale, exige que “se respete el estado de derecho”, sistemáticamente lo viola en materia laboral, cuando menos, porque, según justifica, “es necesario hacer de México un país competitivo” (clásica frase neoliberal), aunque ello implique salarios de hambre y transgresión de los derechos de los trabajadores.
Para los machuchones (AMLO dixit) el estado de derecho sólo es aquel que los beneficia, pero nunca el que los obliga a cumplir con sus responsabilidades, y una de éstas es la Ley Federal del Trabajo, la que a lo largo de los años se la han pasado por el arco del triunfo, en especial desde que, en septiembre de 2012, El Borolas les regaló la “legalización” del outsourcing.
El presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley en materia de subcontratación para “poner orden”, eliminar abusos y garantizar el respeto de los derechos laborales. Lo propio hizo (diciembre de 2019) el senador Napoleón Gómez Urrutia, y en ambos casos la cúpula empresarial soltó a sus cabilderos para congelar cualquier posibilidad de cambios en la materia.
La cúpula empresarial lo hizo en diciembre de 2019 y lo repite ahora, utilizando para ello la táctica aplicada en el Congreso: retasar, retrasar y retrasar la aprobación hasta congelar las iniciativas presentadas por unos y otros, y para este fin tiene a su servicio (es de suponer que también por outsourcing) a un buen número de “representantes populares” que en realidad no son más que sus gatos.
Como en su momento lo planteó Gómez Urrutia en su iniciativa, ahora el objetivo presidencial es que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y que no se utilice el outsourcing como medio de explotación y evasión fiscal, pero la cúpula empresarial exige que se respete su estado de derecho, es decir, que no la molesten y la dejen seguir explotando al personal que “contratan” en condiciones cada día más miserables.
El cabildeo en el Congreso es brutal y, solícitos, algunos diputados y senadores se dejan apapachar por la cúpula empresarial, lo que confirma, por si alguien aún tiene duda, que un buen número de legisladores ni lejanamente representan los intereses de quienes votaron por ellos, porque su “$acrificio” sólo beneficia a otros, que no son los ciudadanos.
Tras presentar su iniciativa, López Obrador anunció que se reuniría con la cúpula empresarial para abordar el tema, lo que puntualmente se dio a partir del 23 de noviembre, en lo que ambas partes denominaron “sesión permanente”. Pero ¿qué creen? Las cabezas visibles de las organizaciones patronales dijeron que el tiempo no les alcanzó y que “nos dimos unos días más” (Carlos Salazar dixit), mientras en el Congreso cabildean a rabiar para que los legisladores envíen el proyecto presidencial a la congeladora, en el entendido de que Andrés Manuel planteó la necesidad de que las modificaciones por él propuestas se aprobaran ya y entraran en vigor en el inicio de 2021.
Restan menos de dos semanas para que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, por lo que mañosamente la cúpula empresarial sigue retrasando el tema de la iniciativa presidencial y utiliza a sus diputados, quienes decidieron “postergar para la siguiente semana el trabajo de dictaminación de la iniciativa que regula el outsourcing”. Qué casualidad, y cuando venza el plazo volverán a “postergar”.
¿Por qué? Una de las “exigencias” de la cúpula es que, en todo caso y siempre con su autorización, la nueva ley sobre outsourcing no sea efectiva en 2021. Como lo señala La Jornada (Enrique Méndez y Roberto Garduño) “el debate principal –en la Cámara de Diputados– se centra en que se traslade al primero de enero de 2022”, amén de que, para fomentar el retraso, “se pretende incluir todas las iniciativas existentes en el Congreso y las propuestas del sector empresarial”.
Entonces, con ese tipo de legisladores México no necesita enemigos.
Las rebanadas del pastel
A dos años de gobierno algunos se quejan de que “no hay diálogo con la oposición”. Bien, pero ¿cuál? ¿Los gritones y chantajistas?
