Madrid. La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, y representante de la coalición de izquierdas Sumar, reclamó al presidente socialista, Pedro Sánchez, un “cambio radical y profundo” en el equipo de gobierno ante lo que califico de “situación insoportable”, derivada de los presuntos casos de corrupción investigados por la justicia y por las denuncias de cuatro casos de presunto acoso sexual contra dirigentes del Partido Socialista Español (PSOE).

En una entrevista televisiva, Díaz afirmó que “la situación es de máxima gravedad y requiere cambiar el gobierno de arriba a abajo porque así no se puede continuar, porque todo es un delirio. Así que toca actuar y reaccionar, se acabaron las reflexiones”. La también titular del ministerio de Trabajo explicó haber presentado tales exigencias a Sánchez.

Los presuntos casos de corrupción en el seno del gobierno y del PSOE se dividen en cuatro ramas: la trama de las mascarillas durante la pandemia, el fraude fiscal en la comercialización de hidrocarburos, los amaños de obra pública a cambio de “mordidas” y la del tráfico de influencias.

A esto se suman las denuncias por acoso sexual, que dañan uno de los lemas históricos de la izquierda en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, que incluyen desde ayer dos nuevos casos: el del ex alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, quien dimitió tras la publicación de unos mensajes que dirigió a una trabajadora del municipio; y el del alcalde de la localidad valenciana de Almussafes, Toni González, quien además es el número dos del partido en la región, señalado de acoso sexual por dos mujeres militantes del PSOE.

En tanto, ayer Silvia Fraga, secretaria de Igualdad del PSOE gallego, dimitió al cargo debido a la decisión de la dirección del partido de no informarle de las denuncias de acoso sexual contra el ex presidente de la diputación de Lugo y alcalde de Monforte Lemos, José Tomé, luego de que el líder socialista en Galicia, José Ramón Besteiro, reconoció que supo del caso en octubre pasado.

En el marco de la investigación policial sobre la denuncias de corrupción en torno al partido gobernante, ayer continuaron los registros y la inspección en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la sede de la paraestatal Correos, en direcciones generales dependientes del ministerio de Hacienda, en el ministerio de Transición Ecológica y en la vicepresidencia primera del gobierno, que encabeza María Jesús Montero, “madrina” política de uno de los principales investigados en la trama, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández.

Se realizaron también una veintena de requerimientos de información en las sociedades públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, y en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

El gobierno español está formado por una coalición entre el PSOE y Sumar, que a su vez agrupa a cuatro partidos de izquierda, entre ellos el histórico Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista Español (PCE).