Durango, Dgo., Por carecer de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal un proyecto minero en la comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo.

La dependencia precisó que luego de recibir una denuncia ciudadana, sus inspectores acudieron al citado lugar donde constataron que la empresa había celebrado un contrato de ocupación temporal para realizar actividades mineras dedicadas a la explotación de cobre; sin embargo, la compañía realizó el cambio de uso de suelo forestal sin permiso, mediante la apertura de tres caminos de acceso y la construcción de infraestructura de apoyo.

Dichas actividades dañaron una superficie estimada de 3 mil 536 metros cuadrados de terreno con vegetación de selva baja caducifolia.

Aunque los desarrolladores presentaron una autorización de impacto ambiental, la licencia correspondía a otro sitio y estaba vencida, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, se procedió a colocar sellos de clausura total temporal.

Por las irregularidades, expuso la Profepa, se llevará a cabo el procedimiento administrativo correspondiente, toda vez que existe la posible comisión de un delito contra el ambiente.

La dependencia ya ha actuado en contra de otros proyectos mineros en el mismo municipio, particularmente en el Complejo Turístico La Ciudad, ubicado en el ejido del mismo nombre, donde se detectaron fallas administrativas, por lo que se levantó un acta de inspección.

Daños en sierras coahuilenses

En Coahuila, la Profepa clausuró obras y actividades en las sierras de Arteaga y Zapalinamé, pues se hizo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que afectó ecosistemas estratégicos de bosque de pino. En la primera zona, 8.14 hectáreas fueron dañadas en aras de construir un exclusivo fraccionamiento campestre denominado Montecana.

Los trabajos se llevaban a cabo en terrenos forestales del municipio de Arteaga, sin contar con la autorización correspondiente. El sello de clausura fue colocado en el área desmontada.

La segunda acción de suspensión se realizó en obras relacionadas con el proyecto Acueducto 1000, desarrollado por la empresa público privada Aguas de Saltillo, gestora de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, por hacer cambio de uso de suelo en predios forestales sin permiso.

El daño fue sobre 1.6 hectáreas donde se instalaba una tubería de agua potable. Ambas inspecciones se llevaron a cabo a finales de noviembre.