Más de un año después de que se detectó el primer caso de gusano barrenador, el sector pecuario ha sufrido pérdidas económicas por más de 700 millones de dólares, debido a que se han dejado de exportar un millón 200 mil cabezas de ganado tras el cierre de la frontera norte de México, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Or-ganizaciones Ganaderas (CNOG).

A lo anterior se suma un impacto acumulado de 3 mil millones de pesos para los ganaderos del sur, quienes tienen que absorber los costos para el traslado de los animales y los tratamientos para prevenir y controlar la plaga.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, explicó que la inspección para la movilización del sur al centro y norte del ganado es de entre mil 500 y 2 mil pesos por cabeza. Abundó que ya recibieron ese tratamiento 2 millones, pero “hablamos de una pérdida, una afectación económica para los ganaderos del sur del país cercana a 3 mil 100 millones de pesos”, refirió.

En conferencia de prensa, detalló que a la fecha se encuentran varadas al menos 425 mil cabezas de ganado en los estados de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, las cuales, de no reabrirse la frontera –cerrada desde julio pasado--, están disponibles para el mercado nacional.

También destacó que el sector ganadero trabaja unido para erradicar la plaga del GBG y, atendiendo los protocolos sanitarios, se han movilizado más de 2.2 millones de cabezas de ganado del sur hacia el centro-norte del país.

Sin embargo, el presidente de la CNOG advirtió que algunos comercializadores han intentado evadir los controles sanitarios, lo que ha ocasionado la detección de casos fuera de la zona de riesgo como Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León y Jalisco.

Se han documentado, dijo, más de 11 mil casos, con mayor concentración en Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Reconoció que existe un subregistro y llamó a los ganaderos a notificar cualquier brote.

Asimismo, pidió frenar la importación desmedida de carne extranjera, principalmente de Brasil, y fijar un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para países sin tratado de libre comercio.