nte la noticia reciente de que el ejecutivo federal y los empresarios nacionales formaron una comisión para aumentar la inversión en el país, casi termina el año y miles de contribuyentes siguen sin recibir la devolución total de los deducibles en impuestos que debió hacerse hace más de medio año.
Entre los factores que aumentan la inversión extranjera y nacional, no puede dejar de considerarse que uno importante es que el Estado facilite el pago de impuestos y que garantice la devolución de aquellos que cumplan con los requisitos legales.
Para incentivar la inversión y para reforzar el cumplimiento de tal obligación ciudadana, el SAT debe cumplir con la obligación estatal de devolver impuestos. Tal omisión es dolosa. Muchos contribuyentes se asesoran para dar continuidad al trámite que permita recuperar ese dinero y realizan requerimientos al SAT o promueven los recursos respectivos, de modo que los encargados del SAT no pueden desconocer qué contribuyentes siguen sin recibir la devolución de impuestos.
El que no se hagan devoluciones, o se hagan parciales, a pesar de las peticiones de los contribuyentes, es conocido dentro y fuera del país. Esto solo puede explicarse por manipulaciones en los sistemas financieros estatales, hechas con ese fin específico, o por incompetencia de los operadores. En el discurso público, se habla de finanzas sanas, de modo que los recursos ahí están. Técnicamente, ni siquiera son del estado, son los pagos hechos por los contribuyentes. La tenencia de los mismos no transmite el origen. Tales omisiones son pésima publicidad en el extranjero y al interior, especialmente si se analiza junto con la aparente superioridad jurídica empresarial en los litigios tributarios (algunos contribuyentes alargan los juicios durante años para no pagar impuestos: en el imaginario público, le ganan al estado al conseguir la demora) que llevó a cambios en la ley de amparo (para establecer candados) y a la reforma judicial (se modificó la constitución para establecer como referente en las resoluciones judiciales el interés público). Hoy parece que el interés público es no devolver impuestos y resulta poco probable que los nuevos jueces de amparo obliguen a ese SAT incumplido a devolver los pagos deducibles de impuestos, ante el peligro de quedar mal con el órgano de administración judicial.
Si el estado está necesitado de más ingreso, de generar más empleos, de ampliar la planta productiva y de fortalecer la infraestructura, debe mostrar un sector tributario sólido, confiable y cumplido. No uno que falle con los contribuyentes pagadores: es una parte esencial de su función (la devolución de impuestos acreditados). Si por razones políticas se han reducido las vías de defensa legal y limitado la sujeción a la ley para que los juzgadores ya no resuelvan a favor de los ciudadanos que deberían recibir esta devolución, al menos debe haber un SAT amigable con los ciudadanos que pagan impuestos y evitarles la necesidad de buscar vías legales para recuperar el dinero deducible de los impuestos. Muchos ciudadanos cuentan con ese reingreso para pagos esenciales (medicinas, deudas, etc).
El estado incumplido reduce la posibilidad de que el estado con mínimo crecimiento económico para el 2026 tenga ingresos suficientes para cumplir con sus muchas tareas. Es el estado contra el estado.
