La llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusó ayer a la integración del pleno anterior de haber dejado un “gran rezago” en materia de transparencia, lo que violó leyes, la Constitución federal e incluso tratados internacionales, pues quedaron sin respuesta solicitudes de información ciudadana pendientes desde 2019.

Durante la instalación del Comité Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –a la que asistieron representantes de los tres poderes de la unión–, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que este órgano “nunca funcionó” tras su creación, pues su última sesión fue el 26 de abril de 2023, cuando Norma Piña Hernández llevaba apenas cuatro meses al frente de la Corte.

“Estoy seguro que quienes integran el comité van a trabajar de manera ardua para abatir el rezago que tenemos en este rubro y en muchos otros. Hemos encontrado una Corte con muchos rezagos.”

La nueva integración del pleno del alto tribunal, elegida por voto popular, tiene un compromiso especial con la democracia y la transparencia, dijo, y sostuvo que una ciudadanía activa y vigilante de sus instituciones es esencial para una auténtica vida democrática, y que las autoridades deben actuar de cara al pueblo.

Asignatura pendiente

Conformado por tres ministros, el comité se instaló con Arístides Guerrero García como presidente, quien resaltó que la transparencia en el máximo tribunal del país “es una asignatura pendiente”. Expuso que entre 2020 y 2024 la Corte recibió 13 mil 410 solicitudes de información, de las cuales 2 mil 550 corresponden a 2024.

Destacó que hasta ayer, el comité no sesionó 863 días, lo que dejó muchos recursos de revisión sin resolver, algunos acumulados desde 2019 y 2020. Esta inactividad, aseguró, implica incumplimientos a la Constitución, a la Ley General de Transparencia y a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.

“El no haber sesionado desde 2023 implica cinco años sin resolver recursos de revisión; implica que hay recursos de revisión que desde 2020 se encuentran pendientes y cumplimientos que existen desde 2019”, comentó.

Justicia abierta

Expuso que el comité, integrado también por la ministra Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa Betanzo, impulsará una “verdadera justicia abierta”, con transparencia plena y publicación anticipada de sentencias. Añadió medidas de accesibilidad –traducción a lenguas indígenas, herramientas para personas con discapacidad visual, un chat de inteligencia artificial y una app para consultar fallos– y mencionó los códigos QR, que permiten acceder en tiempo real a los proyectos discutidos en sesiones públicas.

Al acto acudió la titular de la Se-cretaría Anticorrupción y Buen Go-bierno, Raquel Buenrostro, quien resaltó que la instalación del comité será una oportunidad de coordinación para fortalecer el nuevo modelo nacional de garantía de acceso a la información y protección de datos, centrado en las personas y, especialmente, en los grupos prioritarios.

“No se trata de empezar de cero, sino de corregir lo que no estaba funcionando”, precisó.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que el comité “garantiza a los mexicanos y las mexicanas su derecho a conocer y consultar la información en manos de la Corte”.

Además, recordó ante los ministros que la reforma constitucional de 2024, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, simplificó estructuras, redujo costos “y la llamada burocracia dorada”, y creó un nuevo marco legal en transparencia y protección de datos que consolidó el sistema nacional de acceso a la información.