El deterioro de la infraestructura y equipamiento de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la falta de atención a las necesidades de los alumnos y la pérdida de las condiciones de trabajo de los docentes han llevado a la institución a una crisis.

“Llevamos siete años de una gestión que no ha dado respuesta a las necesidades de los alumnos, por el contrario, les ha ido quitando y desconociendo sus derechos”, alertaron profesores-investigadores de esa casa de estudios.

En entrevista con La Jornada sostienen que desde la llegada al cargo de la rectora Rosa María Torres Hernández en diciembre de 2018, la institución enfrenta un acelerado proceso de abandono tanto de su infraestructura, como de su vida académica y en su gestión administrativa.

Los profesores-investigadores Virginia Casas, secretaria general de la delegación D-II-UPN3; Marcela Santillán, consejera académica, y Samuel Ubaldo, representante académico, quienes integran la comisión de enlace del cuerpo docente con el movimiento estudiantil de la UPN, que mantiene un paro desde el pasado 28 de octubre, afirman que hay un “profundo hartazgo” de alumnos y profesores por el abandono en que está la institución.

Por ello, su principal demanda es la destitución de la rectora.

Marcelino Guerra, consejero académico, y José David Alarid, profesor-investigador de esa casa de estudios, agregan que en el actual sexenio, la UPN perdió la “posición estratégica que teníamos como institución en el Sistema Educativo Nacional, producto de una gestión pésima, que se ha dedicado a cuestiones personales, de privilegio. Para esta administración los estudiantes están en un plano desconocido, son invisibles”.

A ello se suma, afirman, la pérdida de las condiciones de trabajo para los docentes, mientras la gestión administrativa de la universidad “se ha convertido en una caja negra”.

Lo anterior, expresan, se refleja en el deterioro acelerado de la infraestructura. Por años “hemos impartido clases en salones sin bancas, computadoras, retroproyectores y televisores suficientes, además de un servicio deficiente de energía eléctrica e Internet”.

Entre los problemas no atendidos acusan la inseguridad que enfrentan estudiantes en el turno vespertino y la ausencia de concursos de oposición que permita asignar 150 plazas académicas vacantes que, estiman los docentes, no se han cubierto desde 2008 en todas las unidades de la UPN en la Ciudad de México, y a partir de 2013 en la unidad Ajusco.

Lo anterior afecta a los alumnos y maestros, pues se ha elevado el número de profesores interinos con contratos de cinco meses y medio, “quienes no pueden dar continuidad al trabajo colegiado, lo que ha impactado la vida académica de la universidad”, señalan los docentes.

Frente a este escenario, la autoridad de la UPN “crea un mundo de fantasía, donde todo está bien (...) y esto hace que los alumnos se sientan maltratos, ignorados, por una autoridad que, dentro de la Cuarta Transformación, tendría que garantizar el derecho a la educación, pero en condiciones dignas”, declara el profesor Ubaldo.

Santillán destaca que otro de los impactos negativos de la gestión de Torres Hernández son los cambios al reglamento del Consejo Académico, pues sus sesiones “se han vuelto cerradas, lo que no había ocurrido en 38 años”.