Tener una nacionalidad para alguien que ha sido despojada de la propia significa no sólo contar con un pasaporte o una identificación para gestionar la vida con normalidad. “Significa existir en el mundo”, como define una de las muchas personas de Nicaragua que viven en esa condición en México. “Significa no ser apátrida”.

Existen dos tipos de desterrados por la dictadura Daniel Ortega-Rosario Murillo: los nicaragüenses “apátridas de jure”, que tienen algún documento, por ejemplo, el pasaporte con el que salieron el día en que fueron expulsados de Nicaragua “para siempre”. Si caduca no pueden renovarlo. Y los “apátridas de facto”, cuya vida es más complicada aún. Viven fuera de su país –que sigue siendo su país–, pero sin documento alguno y sin la posibilidad de volver a su tierra.

Si buscan en cualquier plataforma digital de Nicaragua o archivo oficial, por ejemplo, el registro civil para obtener su acta de nacimiento o el seguro social, el sistema les devuelve una leyenda: “not found”. “Es como una muerte civil”, comenta alguien que está en ese limbo.

En México no es posible determinar cuántos hay. Algunos desempeñaron roles importantes durante los años revolucionarios de Nicaragua y fueron blanco de persecución del orteguismo por disentir con la deriva autoritaria y dinástica que tomó el sandinismo oficial desde 2018.

Trámites lentos

Cuando en 2023 se produjo el destierro masivo de presos políticos –entre los que se encontraban figuras relevantes como Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, el periodista Félix Madariaga, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro (hijos de la ex presidenta Violeta Barrios)–, la instrucción del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue: “Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos: asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”.

No hay cifras ni nombres precisos del destierro nicaragüense en México porque muchos prefieren el anonimato; aún tienen familia y vínculos cercanos en su país y ha sido frecuente el acoso de la policía sandinista contra ellos. Más de una veintena han solicitado asilo al gobierno mexicano. Entre ellos hay políticos de oposición, líderes sociales, defensores de derechos humanos e informadores. En el año reciente se ha reducido el nivel de interlocución con la cancillería, los trámites son lentos y la única respuesta que obtienen es que “toman nota” de su solicitud.

El 3 de diciembre se anunció la formación del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades y el arranque de la campaña Por una Navidad sin Presos Políticos en Nicaragua, medida que fue saludada y agradecida con mensajes vía digital por la poeta Gioconda Belli, quien expresó que después de estos años tan duros que ha vivido esta población trashumante, “necesitamos más que nunca la solidaridad, que es la ternura de los pueblos”.

Los coordinadores del comité, los ex diputados locales mexicanos Nancy Cárdenas y Luis Arias, aseguraron que harán gestiones y “apretarán” su interlocución con las autoridades en nuestro país, en particular con Jorge Velasco, encargado de despacho de la cancillería, y con la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, “para acelerar el otorgamiento de refugio” a los nicaragüenses que lo han solicitado.

De acuerdo con el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, el régimen Ortega-Murillo ha reprimido a centenares de ciudadanos con la “privación arbitraria de nacionalidad”, la prohibición de entrar a su país, la negativa a emitir pasaportes o cualquier documento oficial, además de la instalación de un fuerte aparato de espionaje digital que vigila a estos desterrados y a sus familias.

El régimen de Managua ha confiscado los bienes y posesiones de los perseguidos políticos, incluso sus pensiones y ahorros, por lo que en su mayoría viven en el extranjero sin medios de sustento. El destierro y la pérdida de su ciudadanía es arma usada por la dupla Ortega-Murillo para suprimir cualquier disidencia, primordialmente contra antiguos militantes, milicianos y funcionarios sandinistas que pasaron a representar la oposición de izquierda al régimen. “Con nosotros hay una saña especial”, reconocen quienes en los años revolucionarios fueron compañeros de lucha de quienes ahora detentan el poder.

El panorama de la dictadura

En la Nicaragua del orteguismo-murillismo, de 2018 a la fecha han sido asesinadas 355 personas por razones políticas, según el grupo de expertos de la ONU. Han sido encarceladas más de 5 mil. Seis presos han muerto bajo custodia del régimen, entre ellos el general en retiro Hugo Torres, ex miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Humberto Ortega, hermano del presidente y mantenido por él mismo en prisión domiciliaria hasta su deceso. En los últimos cuatro meses, otros tres presos políticos también murieron en la cárcel.

A mediados de este año se detectó un nuevo patrón represivo, un endurecimiento que ha llevado al asesinato de tres opositores en el exterior (entre ellos Roberto Samcam), el arresto de presos políticos que ya habían sido liberados y asesinatos dentro de los penales.

De más de 200 mil nicaragüenses que han salido del país por persecución política, centenares han pedido asilo o refugio principalmente a Costa Rica. Pero también a España, Estados Unidos y Guatemala.

En Nicaragua, hasta agosto de este año se contabilizaban 73 presos políticos, 33 de ellos en calidad de desaparecidos porque sus familias no saben dónde están ni en qué condiciones. Entre estos están tres líderes indígenas misquitos que en el pasado fueron parte de la contra, pero en la última década se aliaron con el gobierno, que terminó por hacerlos desaparecer cuando denunciaron proyectos depredadores en sus territorios de la costa atlántica: Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth y Nancy Enríquez. Antes de las elecciones de 2021, los siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados, lo mismo que todos los alcaldes opositores y los dirigentes de todos los partidos políticos no afines. Dos años después fueron desterrados.

Daniel Ortega ha detentado el poder durante 27 años. En el periodo revolucionario gobernó 19 años seguidos (1979-1990). Después de 17 años fuera regresó a la presidencia en 2007, ya con el Frente Sandinista de Liberación Nacional dividido y desde entonces, en cinco procesos electorales, ha maniobrado para permanecer 18 años y contando. A principios de año ordenaron cambios constitucionales para que en caso de que falte Daniel Ortega (80 años cumplidos), su esposa, hoy “cogobernante”, asuma la Presidencia sin mayor trámite.

Es el único comandante de la Dirección Nacional histórica que queda libre y vivo. El último de sus aliados, Bayardo Arce, que permaneció cercano al gobierno (y a sus negocios), fue detenido y permanece en prisión domiciliaria, lo mismo que otro de los históricos, Henry Ruiz.