Madrid. En Andalucía, más de 2 mil 300 mujeres sufrieron un fallo en las pruebas de cáncer de mama a las que fueron sometidas y, además, hubo un intento fallido de ocultar la información e, incluso, de manipularla, como han denunciado algunas asociaciones de afectadas.

En Madrid, en un hospital público de Torrejón de Ardoz, pero administrado por una empresa privada, se filtró un audio en el que el máximo responsable de su gestión instaba veladamente a los directivos a dar más peso a los criterios económicos que a los sanitarios en la atención a los pacientes, llegando incluso a retrasar las listas de espera.

Estos escándalos coinciden con dos gobiernos de la derecha en ambas comunidades autónomas, donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, lo que generó malestar social e indignación.

En el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, la más poblada del país, gobierna desde el año 2019 el derechista Juan Manuel Moreno Bonilla, quien rompió con una etapa ininterrumpida de más de tres décadas de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Desde su llegada al poder, se han denunciado varios casos sobre cambios en la gestión de la sanidad pública, pero el más reciente provocó que miles de personas protestaran en las calles: se denunció que más de 4 mil mujeres sufrieron un fallo del sistema de pruebas de cáncer de mama, con el riesgo que eso supuso para su salud.

Después de varias investigaciones, tanto por parte de los tribunales como de los mecanismos de la administración, se confirmó la falla, se identificaron y contabilizaron las pacientes afectadas –2 mil 317– y se aclaró la supuesta “desaparición de pruebas médicas”, tal y como denunció la organización Amama Andalucía, pero que la fiscalía de Sevilla descartó y archivó por falta de indicios claros.

Entre los 2 mil 300 casos reportados, al menos 230 mujeres desarrollaron cáncer y tres fallecieron, según el último recuento, aún provisional, de Manuel Jiménez, abogado de Amama Andalucía.

El propio Moreno Bonilla reconoció la cifra de afectadas y anunció algunos cambios en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, además de forzar la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que era la máxima responsable del sistema cuando se registró la falla, que ha provocado retrasos en los tratamientos médicos y operaciones quirúrgicas urgentes.

Anabel Cano es una de las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo, debido a la falta de seguimiento tras realizarse una mamografía de detección en la región española de Andalucía, señaló Afp.

“A mí me han operado casi un año después, y si me lo hubieran hecho un año antes (...) a lo mejor no hubiera llegado donde estoy ahora”, relató esta ex empleada doméstica de 52 años, que tuvo que someterse a una mastectomía y ahora sólo tiene un pecho.

En noviembre de 2023, se hizo una mamografía de cribado, y le dijeron que si en 15 días no la habían llamado, era porque todo estaba en orden. Se trata de una frase que todas las mujeres entrevistadas por Afp repitieron.

Presidente español culpa a la privatización

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha criticado al Ejecutivo regional andaluz, al que acusa de ser responsable de un “proceso privatizador” de la sanidad que llevó a un deterioro de los servicios.

“Bastaba antes una llamada, una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó, y lo más grave es que aún se desconoce por qué”, indicó Sánchez recientemente en el Congreso de los Diputados.

En la Comunidad de Madrid, donde gobierna con mayoría absoluta la derechista Isabel Díaz Ayuso, salió a la luz un escándalo en el sistema público de salud, tras filtrarse audios del consejero delegado de la empresa Ribera Salud, Pablo Gallart, que es a su vez la que gestiona varios hospitales públicos en la región, entre ellos el de Torrejón de Ardoz.

En los audios se escucha a Gallart instar a sus directivos a retrasar las listas de espera, abaratar los costos para aumentar las ganancias de la corporación y desarrollar tratamientos más beneficiosos desde el punto de vista económico, no sanitario.

Ante estos hechos, los médicos y profesionales del hospital afectado hicieron público un manifiesto en el que reconocieron presiones para que los pacientes esperen hasta seis veces más antes de ser operados.

El empresario que impartió estas instrucciones renunció al cargo tras destaparse el escándalo, pero también los directivos y médicos que denunciaron en su día estas órdenes ejecutivas fueron despedidos de forma fulminante.

La Fiscalía Provincial de Madrid tiene abierta una denuncia en la que se acusa a la empresa Ribera Salud de la comisión de delitos de prevaricación, contra la salud pública y lesiones imprudentes.

En la querella se subraya que este patrón de gestión, que supeditaba la rentabilidad frente a los criterios médicos, no sólo puso en riesgo la salud de la población, especialmente la más vulnerable, sino que se acompañó del despido de los altos directivos que alertaron de estas prácticas irregulares por medio del canal ético interno, sugiriendo un patrón de represalia. La investigación sigue su curso.