Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 22
Guadalajara, Jal., Autoridades tradicionales de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Azqueltan, del municipio de Villa Guerrero, utilizaron el foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para exponer ante medios nacionales e internacionales el estado de indefensión en que el se encuentran en Jalisco.
Denunciaron las agresiones sufridas a lo largo de 10 años y que han tenido punto culminante el homicidio de su líder agrario, Marcos Aguilar Rosas, el 26 de noviembre, así como las lesiones por arma de fuego contra Gabriel Aguilar Rosas, hermano del finado, quien sigue hospitalizado.
Mario González de la Cruz y Ramiro Reyes Márquez, representantes de Azqueltan, precisaron que el crimen contra el representante fue premeditado y “busca exterminar la organización comunal para apropiarse de miles de hectáreas”, luego que la comunidad inició la solicitud de titulación de tierras ancestrales en 2015, lo que desató las agresiones de caciques, protegidos por autoridades municipales y estatales.
Testigos de las agresiones perpetradas el 26 de noviembre, señalaron a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, y a Víctor Hugo Pérez como presuntos atacantes directos. Estas personas han participado en anteriores actos de violencia y desapariciones sin que las autoridades estatales o municipales actúen.
En Jalisco, los patrones de agresión contra la labor de defender derechos humanos se han presentado de manera acelerada y violenta.
El peor lugar para activistas
En lo que va del gobierno estatal del emecista Pablo Lemus, 10 activistas sociales han sido asesinados, y sitúa a Jalisco con 27 por ciento de los 37 crímenes de este tipo en el país.
De las 10 personas ultimadas, cinco son mujeres y cinco son hombres. Entre los homicidios que siguen impunes en la entidad, están los de Abraham Alejandro Gobel (ambientalista), Juan Pablo Alonso Estrada (abogado de la paz comunitaria), los buscadores Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez; las defensoras del agua Karina Ruiz Ocampo y Judith Alvarado Rodríguez, entre otros luchadores sociales.












