Aunque la corrupción en México se moderó durante el primer semestre, casi la mitad de las personas mayores de 18 años en áreas urbanas (45.2 por ciento) que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública fueron víctimas de dichos actos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo semestre de 2024 la proporción de mujeres mayores de edad que declararon haber padecido corruptelas ascendió a 41.8 y en el primer semestre de este año bajó a 36.8 por ciento. En el caso de los hombres, la incidencia pasó de 50.2 a 49.9 por ciento en el periodo de referencia.

En vísperas del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), el Inegi señaló que la proporción de la gente que estuvo involucrada en actos indebidos al interactuar con autoridades de seguridad pública en el periodo enero-junio del presente año fue el más bajo desde el primer semestre de 2023, cuando fue de 43.5 por ciento, en línea con el promedio de años recientes.

En el primer semestre, 8.9 por ciento de personas de 18 años y más residentes de áreas urbanas que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública fueron víctimas de corrupción. La incidencia fue mayor entre hombres (10.2 por ciento) que entre mujeres (7.9 por ciento).

Con datos de 2023, el organismo autónomo detalló que 169 mil 769 empresas (3.5 por ciento del total) fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia es menor a la registrada en 2017, año con la incidencia más alta en el periodo analizado, pero superior a la de 2021 (2.8 por ciento).

Las empresas medianas fueron las más afectadas. Por cada microempresa perjudicada hubo 2.5 medianas en la misma situación. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los sectores comercio, industria y servicios. El promedio fue de 3.6 por ciento.

Las faltas se cometen cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones estipulados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Durante 2023 se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presuntas faltas administrativas en la administración pública federal (APF), lo que equivale a una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas.

A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones durante 2023. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con más de 130 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en seis entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas.

Durante 2023, 2 mil 341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas, la más baja desde 2018.