El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, dijo que el costo de la nueva estructura del Poder Judicial de la ciudad asciende a más de 17 mil 345 millones de pesos.

En la actualidad, este órgano de gobierno tiene un presupuesto de poco más de 7 mil 431 millones de pesos, por lo que harían falta 10 mil millones más para atender los requerimientos de la reforma judicial aprobada el año pasado.

En una reunión con diputados, Guerra dijo que el TSJ opera con un déficit histórico desde 2016, que se acentuó entre 2020 y 2021 debido a los recortes presupuestales para atender la pandemia de covid-19.

Si bien para este año se cubrirá el pago de salarios y aguinaldos de más de 11 mil trabajadores, reveló que muchos de ellos “viven” de hacer horas extra porque con su sueldo base no les alcanza.

Dijo que no hay rezago en la institución, sino un aumento de trabajo con la misma cantidad de personal.

Como parte de las reuniones de trabajo con órganos autónomos, se presentó la presidenta del Consejo de Evaluación, Teresa Shamah, quien alertó que el presupuesto del organismo va tan a la baja, que el próximo año no podrá cumplir con todas las atribuciones que le confiere la ley.

Explicó que desde 2021 el presupuesto del consejo ha tenido una reducción de 35 por cierto. No obstante, reveló que 80 por ciento de los 22 millones de pesos de su presupuesto actual se van a pago de salarios, y sólo 4 por ciento a generar evaluaciones; de ahí que solicitó un presupuesto de 32 millones de pesos para 2026. En el paquete presupuestal se propuso un gasto de 23 millones de pesos para este órgano.

Por otra parte, el Instituto de Transparencia local suspendió los plazos y términos relacionados con recursos de revisión y denuncias, con el propósito de no dejar expedientes inconclusos una vez que se apruebe su desaparición en el Congreso local.

Esto significa que la ciudadanía podrá seguir presentando solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y las autoridades tendrán que responder conforme a los plazos; sin embargo, en caso de interponer un recurso de revisión ante una respuesta que el solicitante no considera satisfactoria, éste no será resuelto.