Cuernavaca, Mor., La 56 Legislatura de Morelos designó con 19 votos a favor a Karla Socorro Reyes Reyes y a Clara Elizabeth Soto Castor magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado por un periodo de nueve años.

La Barra de Abogados del estado rechazó el proceso y acusó que “lo que debía ser un ejercicio republicano de transparencia y excelencia jurídica, se ha convertido en una patente simulación, con perfiles previamente pactados, que responden a intereses de partido y de grupos en el poder”.

Karla Socorro Reyes es hermana del coordinador de los diputados de Morena y ex alcalde del municipio de Jiutepec Rafael Reyes Reyes, quien está ligado políticamente al ex funcionario federal Rabindranath Salazar Solorio.

Ella es esposa de David Ortiz, quien se desempeñó como edil interino de Jiutepec, de marzo a diciembre de 2024, por asignación de Reyes Reyes, posteriormente contendió por la alcaldía como abanderado del partido guinda, pero perdió.

Mientras, Clara Elizabeth Soto Castor, es esposa de Hertino Avilés, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y hermana de Roberto Soto, esposo de la ex diputada local del PRD, Hortencia Figueroa, relacionada con el ex gobernador Graco Ramírez.

El dictamen fue elaborado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso local en donde participaron 14 profesionistas aspirantes a ocupar dichas vacantes, y tras dos rondas de votación mediante cédula resultaron designadas Karla Socorro Reyes Reyes y Clara Elizabeth Soto Castor.

Rechazo en Internet

Después del nombramiento, en redes sociales hubo críticas al Legislativo estatal porque los parlamentarios votan por familiares y personas que representan grupos de poder en la entidad.

También hubo repudio de la opinión pública a que la gobernadora Margarita González guarde silencio ante el proceso en el Congreso

Al respecto, la Barra de Abogados indicó: “denunciamos la absoluta falta de seriedad en las supuestas ‘evaluaciones’ realizadas por el Congreso. Entrevistas tan superficiales como: ‘¿para qué quiere usted ser magistrado?’, sin ahondar en conocimientos técnicos, criterio jurídico o experiencia administrativa, constituyen una desconsideración inaceptable hacia la función jurisdiccional”.

Agregó: “éste tipo de interrogatorios vacíos no garantizan la idoneidad de los perfiles ni aseguran que los futuros impartidores de justicia cumplirán con la lealtad que deben al pueblo, sino que confirman su sumisión a quienes los designaron en el cargo”.

Los nombramientos a modo, sostuvo el grupo de litigantes, “no sólo debilitan profundamente la confianza ciudadana en el poder público, sino que evidencian un exceso de discrecionalidad que, como sociedad, ya no estamos dispuestos a tolerar. La justicia administrativa no puede ser botín político ni moneda de cambio”, expuso.

Asimismo, abogados y organizaciones civiles denunciaron que el mes pasado se “repartieron” entre familiares y allegados los cinco nombramientos del Órgano de Administración del Poder Judicial del estado de Morelos.