contrapelo de la narrativa oficial, la violencia en el país no disminuye ni se estabiliza, sino que crece bajo expresiones distintas. Es cierto que existe disminución en el número de homicidios. El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum registró una cifra de homicidios 23 por ciento menor al promedio anual registrado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que se traduce en 7 mil 645 casos menos. No obstante, en el mismo lapso, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas aumentó 54 por ciento, es decir, una diferencia de 5 mil 179 casos.
Para observar qué ocurre con otras expresiones de violencia, es muy pertinente revisar los datos que ofrece el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México, que documenta un incremento de 129 por ciento de casos de desplazamiento forzado interno entre 2023 y 2024, equivalente a 28 mil 900 personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares en dicho lapso, principalmente por causa de la violencia. Por otra parte, los registros oficiales dan cuenta de 444 feminicidios en los primeros ocho meses de 2025, cifra que no incluye las muertes violentas de mujeres que no se tipifican como feminicidio. Por su parte, Artículo 19 registra ocho periodistas asesinados en lo que va del sexenio actual, e informes de distintas organizaciones, como el Cemda, reportan alrededor de 185 agresiones letales contra personas defensoras en los últimos cinco años. A estas cifras podríamos sumar otros delitos relacionados con el contexto de macrocriminalidad, como el aumento en el delito de extorsión, que se ha elevado 23 por ciento desde 2019. Si ampliamos la perspectiva temporal, no podemos menos que alarmarnos con el hecho de que la cifra de víctimas letales desde la declaratoria de guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 supera ya medio millón de personas.
Si a los anteriores datos sumamos otras graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el país y los altísimos niveles de impunidad –pues sólo 6 por ciento de los delitos se denuncian y 93 por ciento de ellos quedan sin sentencia–, no es una exageración decir que México es un país de víctimas, condición que urge a nuestras instituciones públicas a ponerlas a ellas en el centro de la agenda pública.
Recientemente, sin embargo, el Estado mexicano dio un nuevo revés a las víctimas. En la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 18 de noviembre, los ministros y ministras avalaron una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas que desde noviembre de 2020 eliminó el mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, mínimo que estaba establecido en una cifra equivalente a 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año anterior. Desde su eliminación en 2020, organizaciones como el Centro Prodh han documentado una reducción promedio en los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 200 millones de pesos anuales. El proyecto presupuestal 2026, por ejemplo, considera 692 millones de pesos para la partida de ayudas sociales de la CEAV, cuando la cifra que debería corresponder es de 913 millones de pesos de mantenerse el criterio original en la ley.
Sin embargo, con cuatro votos a favor de la constitucionalidad de dicha reforma regresiva de 2020, emitidos por las ministras Batres, Ríos y Herrerías y el ministro Espinosa, el pleno no alcanzó la mayoría calificada para ratificar la declaratoria de inconstitucionalidad que la primera sala de la SCJN había realizado en 2024.
Es real que no habrá políticas públicas robustas si no hay para su ejecución un presupuesto igualmente robusto, pues esa es una condición de posibilidad para que las políticas públicas sean eficaces. Sin presupuesto suficiente destinado a la atención y reparación de víctimas, se vulnera el compromiso del gobierno con ellas y se evidencia una vez más la inexistencia de voluntad política real para asumir la responsabilidad del Estado mexicano frente a tantas violaciones de derechos humanos.
La única manera de diseñar políticas públicas y programas de gobierno adecuados es partir de un diagnóstico que refleje la gravedad de la realidad para desde ahí diseñar las estrategias y disponer los recursos más apropiados, pero pareciera que los Poderes de la Unión se empeñan en operar de espaldas a la realidad, negándola reiteradamente como quedó plasmado en muchos de los argumentos utilizados en la discusión del pleno. Con esta decisión, la nueva SCJN da la espalda a las víctimas, acentuando la debilidad institucional en materia de Estado democrático de derecho que en los últimos años se ha agudizado.
Es cierto que las capacidades institucionales y presupuestales son limitadas para garantizar plenamente el conjunto de derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Sin embargo, es precisamente por esto que la teoría de los derechos humanos advierte que muchos derechos son de realización gradual o progresiva. Desechar un criterio progresivo para el otorgamiento de recursos a las víctimas significa, materialmente, no tutelar derechos de asistencia para las víctimas que buscan justicia, verdad y reparación.
Poner en el centro a las víctimas es ese “recibimiento del rostro” del otro del que habla el filósofo Emmanuel Levinas y que es lo que nos permite establecer una relación de sensibilidad trascendente a partir de aceptar la interpelación que en su rostro nos hace el otro para que reconozcamos su dignidad y legitimidad. Eso es lo que las instituciones del Estado mexicano no han sido capaces de hacer al no implementar una disposición de escucha activa y reconocimiento de los “rostros concretos” de las víctimas de las dinámicas de violencia que atraviesan nuestra sociedad. En esta ocasión ha sido la SCJN la institución que se ha sumado a esta actitud indolente de los Poderes de la Unión, y así ha desperdiciado una oportunidad más para ponerse del lado de las víctimas.
