Guadalajara, Jal., Ocho hombres arrestados junto con otras 32 personas el pasado 15 de noviembre en el centro de Guadalajara, que fueron vinculados a proceso por el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos en el que habrían incurrido durante la marcha de la generación Z, permanecen en el penal de Puente Grande, sin saber qué ocurrirá con ellos.

Uno de los detenidos, Josué Yahir Tavares, es estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), institución que a diferencia de otros casos, no se ha pronunciado al respecto.

También hay egresados de la UdeG como Érika, quien pide ser identificada así para evitar represalias, quien fue detenida, golpeada y despojada de sus pertenencias, que aún no le regresan, y dejada en libertad el mismo 15 de noviembre por los policías cuando demostró que es una persona con trasplante de riñón.

Pero su novio, cuya identidad también se protege para evitar que ella sea reconocida, forma parte del grupo de ocho detenidos y procesados, cuya causa penal sigue sin definirse porque aunque les informaron que un juez federal se haría cargo del caso, hasta ayer eso no había ocurrido.

Ella acudió ayer junto con familiares de los aprehendidos a los juzgados de Puente Grande para presionar a que se agilicen los procesos, pero nadie les da razón. Reciben apoyo de colectivos, sobre todo en cuanto a asesoría legal, pero las autoridades o personal de “la ineficiente y vendida” Comisión Estatal de Derechos Humanos, brillan por su ausencia, reclamó la joven, quien sostuvo que ni a ella ni a otros apresados, incluso quienes ya están libres, han recibido lo que policías les robaron ese día, en particular dinero y celulares.

“Los policías aprehensores, los agentes del Ministerio Público y el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz violaron los derechos de las 40 personas a no ser detenidas arbitrariamente, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a que no se cometan actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en su contra, a no ser discriminados, a la protesta y a la libertad de expresión”, aseguró por su parte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en un comunicado.

El Cepad expuso su preocupación “por la actuación del gobernador Pablo Lemus, quien de manera reiterada ha emitido discursos de criminalización y xenofóbicos, ha violentado la autonomía del Poder Judicial y los derechos a la presunción de inocencia y a la no discriminación de las personas detenidas”.

Según el organismo, se capturó a los ahora presos “por ser jóvenes, por su apariencia física, por su vestimenta, por grabar los hechos o simplemente por encontrarse el 15 de noviembre en las inmediaciones de la protesta”.